La decisión de realizar a costa de lo que sea la sesión de Concejo para ratificar la suspensión en el cargo al alcalde Arturo Fernández Bazán, le puede pasar la factura a los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
El alcalde César Arturo Fernández Bazán no se quedó con los brazos cruzados y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por una serie de delitos cometidos por regidores de la municipalidad, quienes, según la denuncia, habrían violentado la ley y la integridad de los trabajadores municipales. En la denuncia, el alcalde les atribuye un concurso real de delitos, que reúne un total de siete, y pide a la Fiscalía que les imponga 20 años de cárcel.
La denuncia busca interponer acciones legales por los delitos de violación de domicilio (dependencia pública), desobediencia a la autoridad, perturbación al ejercicio de la función pública, violencia contra un funcionario público, abuso de autoridad y violencia contra autoridades elegidas, así como la usurpación de funciones. Los denunciados incluyen a 14 regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo: Mario Colberth Reyna Rodríguez, Eiby Yassir Guibert Chávez, Christian Javir Luján Pajares, Jorge Luis Tam Chávez, Mayra Lucía Campos Pinedo, Melvin Cosme Valderrama Burgos, Susy Milagros Plasencia Alva, Giancarlo André Toribio Castro, Jorge Jhoel Vásquez Tirado, Sandra Ivonne Trujillo Marreros, Andrés Eleuterio Vásquez Esquivel, Juan Dolores Namoc Medina, Yhajaira Mirella Zegarra Díaz, Luis Miguel Gonzáles Rosell y al secretario general Jaime Napoleón Cuzma Iglesias.
Los hechos que motivan la denuncia se remontan al 17 de noviembre, cuando la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso la postergación de una sesión extraordinaria del concejo programada para el 20 de noviembre, basándose en un informe legal que recomendaba emplazar a una ciudadana con un acuerdo previo.
A pesar de la notificación de la postergación a los regidores, encabezados por Mario Colberth Reyna Rodríguez, estos ingresaron violenta y subrepticiamente a la municipalidad el 20 de noviembre, llevando a cabo una sesión de concejo que había sido suspendida por el alcalde. Este acto incluyó la violación de dependencia pública, desobediencia a la autoridad y perturbación al ejercicio de la función pública, según se indica en la denuncia.
La denuncia detalla la adecuación típica de los hechos a varios delitos, incluyendo violación de domicilio, desobediencia a la autoridad, perturbación al ejercicio de la función pública, violencia contra un funcionario público, abuso de autoridad, violencia contra autoridades elegidas y usurpación de funciones. Se solicita al Ministerio Público que, en su oportunidad, requiera judicialmente la aplicación del máximo de las penas en concurso real, equivalente a 20 años de pena privativa de la libertad para cada uno de los denunciados.
Arturo Fernández, en su denuncia, ofrece diversos medios de prueba, entre ellos documentación que respalda la denuncia, como informes legales, resoluciones de alcaldía, correos electrónicos y videos de los hechos.
