En una reciente audiencia llevada a cabo por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria (JIP), la fiscal provincial Rosa Niño Mendiola logró que se dictara prisión preventiva por un periodo de nueve meses contra los hermanos Yan Neil y Pier Luigi Ruiz de la Cruz, así como contra Angie Nicole Villalba Casas. Los tres están siendo investigados por su presunta participación en el delito de robo agravado con subsecuente muerte, en relación al asesinato de la regidora de Huanchaco, Gladys Baltodano Rodríguez, ocurrido la mañana del 28 de septiembre. El robo agravado, con subsecuente muerte, es castigado por el Código Penal con cadena perpetua.
La regidora Baltodano fue víctima de un violento asalto cuando dos sujetos a bordo de motocicletas la interceptaron mientras transitaba por la av. Nicolás de Piérola en Trujillo. Tras resistirse al robo, los delincuentes le dispararon en el pecho, dejándola gravemente herida. Aunque fue trasladada de emergencia al hospital, Baltodano falleció en el camino.
Durante la audiencia, la fiscal Rosa Niño Mendiola presentó diversos elementos de convicción que vinculan a los imputados con el crimen. Entre las pruebas se incluyen videos de cámaras de seguridad que captaron los momentos previos y posteriores al ataque, así como peritajes que confirman la participación de los investigados en la planificación y ejecución del robo. Según los informes policiales, los hoy detenidos formaban parte de una banda criminal dedicada a la extorsión y robo a mano armada.
Además, las pericias realizadas por el equipo de criminalística aportaron evidencias clave, como la identificación de las motocicletas y armas utilizadas en el crimen, que fueron halladas en la vivienda de uno de los imputados. Estos indicios fueron considerados suficientes por el juez para acreditar la participación directa de los acusados en el asalto que resultó en la muerte de la regidora.
El juez a cargo del caso evaluó los argumentos de la fiscalía, aplicando los criterios de idoneidad, proporcionalidad y peligro de fuga. Ante la gravedad de los cargos y la posibilidad de que los acusados puedan evadir la justicia, se tomó la decisión de dictar prisión preventiva por un periodo de nueve meses.
Durante este tiempo, los investigados permanecerán en el penal de varones y mujeres de Trujillo, donde se les seguirá el proceso judicial mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos. El juez también subrayó que existe riesgo de entorpecimiento del proceso, razón por la cual se consideró necesario tomar esta medida cautelar.
