El debate sobre una posible modificación al régimen de concesiones mineras comienza a generar preocupación en La Libertad. Especialistas advierten que esta medida podría impactar directamente en el canon y las regalías que reciben los gobiernos regionales y locales, afectando la ejecución de obras públicas y proyectos de desarrollo.
A inicios de 2026, el Gobierno Regional de La Libertad recibió cerca de S/ 84 millones por adelanto de canon, mientras que las municipalidades obtuvieron en conjunto alrededor de S/ 260 millones. Esta es solo la primera transferencia del año, ya que una segunda —de mayor monto— se prevé entre junio y julio. En 2025, la región recibió más de S/ 2,642 millones por canon y regalías mineras, logrando ejecutar más del 90% de esos recursos.
Estos fondos han sido clave para financiar infraestructura vial, mejorar servicios de educación, saneamiento básico y proyectos agropecuarios, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En muchas regiones del país, el canon minero representa entre el 70% y 80% del presupuesto total, lo que evidencia su peso en la gestión pública.
Sin embargo, un dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso propone cambios que podrían encarecer las inversiones mineras y reducir los plazos de concesión. De acuerdo con el analista Iván Arenas, esta iniciativa afectaría la sostenibilidad de la minería formal y, en consecuencia, disminuiría los ingresos por canon y regalías en el mediano plazo.
El impacto no sería menor. Un análisis de Videnza Instituto señala que, en la última década, los gobiernos subnacionales han contado con más de S/ 17 mil millones anuales provenientes de esta actividad. Sin estos recursos, advierten especialistas, muchas regiones perderían capacidad para cerrar brechas sociales, culminar obras en ejecución o iniciar nuevos proyectos.
Además, existen desafíos en la calidad del gasto. Aunque La Libertad ha tenido buenos niveles de ejecución a nivel regional, en el caso de los gobiernos locales el desempeño ha sido más limitado, con apenas 65.1% de ejecución en 2025, ubicándose entre los más bajos del país.
El escenario plantea una tensión clave: mientras se discuten cambios al modelo minero, también está en juego el financiamiento de obras y servicios básicos en regiones que dependen en gran medida de estos recursos.
