La Contraloría General de la República evidenció que 12 municipalidades distritales y dos provinciales de la región no gastaron ni un sol de los montos económicos que el gobierno central les transfirió, en el marco del Decreto de Urgencia N° 009-2023, para atender a la población afectada y/o damnificada por las intensas lluvias que ocasionó el ciclón Yaku, entre marzo y abril último.
En dichas jurisdicciones se registraron un total de 12 469 personas afectadas y 2 922 damnificadas, por el daño que el fenómeno natural causó a sus viviendas.
Se trata de las Municipalidades Distritales de La Esperanza con 2 422 personas afectadas y 1 026 damnificadas; Paiján (169 afectadas y 3 damnificadas); Santiago de Cao (2 265 personas afectadas); Cachicadán (569 afectadas y 29 damnificadas); Angasmarca (76 afectadas y 8 damnificadas); Quiruvilca (1 256 afectadas y 139 damnificadas); Mache (42 afectadas); Longotea (38 afectadas y 11 damnificadas); Pías (452 afectadas y 7 damnificadas), Calamarca (343 afectadas); Usquil (14 damnificadas); y de las Municipalidades Provinciales de Viru (4 837 afectadas y 1 683 afectadas) y Sánchez Carrión con dos personas damnificadas, según información registrada en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
En el caso de la Municipalidad Distrital de Urpay, su jurisdicción no presenta personas con viviendas afectadas y/o damnificadas; pero sí daños en un establecimiento de salud, en un colegio y en un canal de riego.
Trece de estas 14 municipalidades distritales y provinciales recibieron transferencias económicas de 100 mil soles, cada una, para que ejecuten acciones inmediatas para atender el peligro inminente, y las emergencias por impacto de daños o desastres de gran magnitud causados por intensas precipitaciones pluviales y peligros asociados. Solo la Municipalidad Distrital de Quiruvilca recibió a una transferencia económica de S/ 279 749.
Según el reporte SINPAD, en el distrito de La Esperanza 32 viviendas quedaron destruidas, 285 inhabitables y 905 afectadas; además, tres establecimientos de salud quedaron inhabitables y dos afectados. Asimismo, infraestructura educativa, de transporte (vías nacionales, vecinales y urbanas), servicios públicos como redes de desagüe, energía eléctrica y locales públicos también se perjudicaron por las lluvias y huaycos.
Lo señalado líneas arriba está consignado en los Informes de Acción de Oficio Posterior N° 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529, 11530, 11531, 11570, 11571, 11572 y 11573-2023-CG/GRLIB-AOP emitidos el 15 de junio último; en los que además se precisa que la evidencia de la no ejecución del gasto público por parte de estos 14 gobiernos locales se encuentra en el portal de Transparencia Económica “Consulta Amigable” del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Contraloría también verificó que mediante la emisión del Decreto Supremo N° 059-2023-PCM publicado el 11 de mayo último, los 12 distritos y dos provincias en mención ya no fueron considerados en una nueva declaratoria de emergencia; consecuentemente, el periodo declarado en emergencia que los incluía a través del Decreto Supremo N° 034-2023-PCM del 12 de marzo ya feneció.