Una joven empresaria de apenas 23 años, sin trayectoria previa en el sector construcción, ha logrado lo impensable: obtener en menos de tres meses dos contratos millonarios por más de S/315.6 millones con el Gobierno Regional de La Libertad, presidido por César Acuña Peralta.
El caso, revelado inicialmente por el programa Panorama y profundizado por La República, destapa una cadena de adjudicaciones irregulares, reuniones en fechas clave, antecedentes penales ignorados y una red de vínculos que apuntan a presunto tráfico de influencias en la administración regional.
Una constructora sin experiencia y contratos millonarios
LC & EC Constructora Consultora y Servicios fue fundada el 25 de julio de 2023 con un capital de apenas S/50 mil. Un año y medio después, el 31 de enero de 2025, obtuvo su primer contrato por S/121.5 millones como parte del Consorcio Vías Huanchaco. Solo tres meses después, el 11 de junio, firmó un segundo contrato por S/194.1 millones como representante del Consorcio Hospital Virú. Ambas adjudicaciones corresponden a obras emblemáticas: la rehabilitación de la vía Trujillo-Huanchaco y la modernización del hospital de Virú.
El detalle que enciende las alarmas: la representante legal en ambos casos es Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin antecedentes en obras públicas, ni formación conocida en ingeniería o gestión de proyectos de gran escala. Según la ficha registral, comparte la propiedad de la empresa con su madre, Esther Condori Cárdenas.
Un padre con denuncias, un encuentro con el gobernador
Lucero Coca no es la única figura en el centro de la polémica. Su padre, Juan Coca Rojas, mantiene una investigación por el delito de extorsión desde 2012, según fuentes del Ministerio Público. A pesar de no figurar formalmente en la empresa LC & EC, todo indica que cumple un rol clave en la gestión tras bambalinas.
El 8 de marzo de 2024, apenas dos días después de la firma del primer contrato de LC & EC, el registro de visitas del Gobierno Regional de La Libertad consigna una reunión entre Juan Coca Rojas y el gobernador César Acuña. Aunque el gerente regional Martín Namay intentó minimizar la reunión —negando su existencia o señalando que Coca Rojas habría acompañado a un tercero sin intervenir—, el cruce de fechas y los montos involucrados levantan sospechas razonables de coordinación previa.
Dos meses después de ese encuentro, la empresa de su hija y esposa volvió a ganar otra licitación millonaria.
La oferta ganadora por solo S/39 de diferencia
Otro detalle que alimenta la sospecha de favoritismo en los procesos es el estrechísimo margen por el cual el Consorcio Vías Huanchaco, representado por Lucero Coca, ganó la licitación: apenas S/39 por debajo de la oferta del segundo postor (S/121,515,740 frente a S/121,515,769). Este tipo de diferencias mínimas, en procesos públicos de gran escala, son inusuales y levantan dudas sobre filtración previa de los montos referenciales.
Denuncias ignoradas y procesos en entredicho
El 16 de julio de 2025, Lucero Coca fue denunciada por estafa ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. Sin embargo, el Gobierno Regional, a través del gerente general Martín Namay, sostuvo que “no sabían” de los antecedentes de Coca ni de su padre. Namay argumentó que esos datos no constituyen requisito legal en los procesos de adjudicación.
Aun así, lo cuestionable no solo es la omisión de antecedentes, sino también la falta de experiencia técnica de la empresa, justificada por Namay con que las compañías consorciadas sí cumplían ese criterio. Para el proyecto vial, LC & EC se unió a Marquisa Contratistas Generales; para el hospital, a Riva Inmobiliaria y JM Constructores Peruanos.
Además, dos de los tres miembros del comité de adjudicación coincidieron en ambos procesos: Walter Zevallos Apolitano y Arturo Giles Mendoza. Una reiteración que evidencia el círculo reducido de decisión sobre contratos millonarios.
Fiscalía interviene el GORE La Libertad
Ante la presión mediática y los indicios revelados, la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad intervino el local del Gobierno Regional. El fiscal provincial Víctor Bazán Alagón lideró la diligencia y retiró documentos vinculados a las licitaciones de los consorcios que lidera Lucero Coca.
Los investigadores buscan determinar si hubo direccionamiento, conflicto de intereses, tráfico de influencias o colusión para beneficiar a LC & EC con recursos públicos. Las pesquisas recién comienzan, pero el escándalo ya se instala como uno de los más graves de la actual gestión regional.
