El Proyecto Especial Chavimochic (PECh) vuelve a estar en el centro de la controversia tras una denuncia del sindicato de trabajadores, que advierte un presunto uso indebido de personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios para actividades vinculadas a una campaña política.
El secretario general del sindicato, Francisco Quevedo, sostuvo que alrededor de 70 locadores de servicios habrían sido incorporados en distintas áreas del proyecto, pero —según afirmó— no estarían cumpliendo funciones técnicas, sino participando en actividades proselitistas relacionadas con el partido Alianza Para el Progreso (APP), cuyo candidato presidencial es César Acuña Peralta.
Contrataciones bajo sospecha
De acuerdo con el dirigente sindical, estas incorporaciones se habrían intensificado desde febrero, coincidiendo con el avance del calendario electoral. Los trabajadores habrían sido asignados a áreas como Abastecimiento, Subgerencia de Estudios y Desarrollo Agrícola, entre otras.
Sin embargo, Quevedo cuestionó que, en la práctica, no se evidenciaría su presencia en labores propias del proyecto. Según indicó, la modalidad de locación de servicios facilitaría su participación en actividades externas, al no estar sujetos a un horario fijo.
El dirigente también expresó preocupación por el uso de recursos institucionales, señalando que estos deberían destinarse a las necesidades técnicas del proyecto y no a fines ajenos a su naturaleza.
Pedido de salida del gerente
Ante estas presuntas irregularidades, el sindicato acordó solicitar la salida del gerente del PECh, Jhon Cabrera Carlos, a quien responsabilizan por la situación.
Quevedo señaló que la actual gestión habría priorizado actividades que, a su juicio, no responden a los objetivos del proyecto, y cuestionó el incremento de contrataciones bajo locación de servicios en este contexto.
Consultado sobre las acusaciones, el gerente Jhon Cabrera rechazó los señalamientos y aseguró que la contratación de locadores es una práctica habitual en la entidad, realizada cada año según las necesidades del servicio.
Respecto a la presunta participación de estos colaboradores en actividades políticas, indicó no tener conocimiento de tales hechos y negó que exista algún tipo de coacción o direccionamiento desde la institución.
Asimismo, explicó que los locadores, al estar bajo un régimen especial, no cumplen horarios rígidos, pero sí están obligados a cumplir con los términos de referencia establecidos en sus contratos.
“El personal es libre de tener afinidad política, pero lo que se exige es que cumpla con el servicio para el cual fue contratado”, precisó.
Evaluación de la continuidad
Finalmente, Cabrera indicó que su permanencia en el cargo depende de la evaluación de la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, quien —según afirmó— realiza un seguimiento constante a la gestión.
El caso plantea nuevamente interrogantes sobre la relación entre gestión pública y actividad política en periodo electoral, así como sobre los mecanismos de control en la contratación de personal bajo modalidades flexibles.
