La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Chepén un informe detallado sobre el impulso de dos proyectos de gran envergadura: la modernización del Estadio Municipal “Juan Noriega Salazar” y la adquisición de un terreno para el nuevo hospital de la provincia.
El requerimiento se enmarca en la investigación abierta por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de que el alcalde de Chepén, Julio Correa Chávez, reconociera en una entrevista que habría brindado apoyo político al gobernador César Acuña a cambio de estas obras.
Una confesión bajo la lupa
En la referida entrevista, el alcalde Correa sostuvo: “Hay que ser realista, cuando uno es oposición o adverso a quien tiene la línea de gobierno nunca te apoyan. Nosotros vimos esta posibilidad en beneficio de la provincia de Chepén y ahí está”.
Sus declaraciones dejaron entrever un pacto político: respaldo al gobernador a cambio de la construcción de infraestructura de alto impacto, como un estadio, un hospital y “otras obras de envergadura”.
Coincidentemente, César Acuña llegó a Chepén hace unos días para presentar el proyecto de modernización del Estadio Municipal Juan Noriega Salazar, valorizado en S/ 24 millones, que será ejecutado bajo la modalidad Fast Track y que, según dijo, beneficiará a miles de jóvenes deportistas.
Fiscalía amplía la investigación
Ante la magnitud de estas declaraciones, la Fiscalía ha incluido en la pesquisa a los regidores Juan Jesús Salvador De La Cruz Briones y Edgar Tirado Cruzado, quienes habrían tenido participación o conocimiento en los acuerdos mencionados.
La investigación busca determinar si se configuró un intercambio indebido de favores políticos que vulneraría los principios de neutralidad, transparencia y probidad en la gestión pública.
De comprobarse, los hechos podrían encuadrar en el delito de tráfico de influencias, penado en el Código Penal con hasta ocho años de prisión.
El caso genera debate en Chepén y en toda la región La Libertad. Para algunos, se trataría de una gestión pragmática para atraer inversión y obras largamente esperadas. Para otros, es la muestra de un sistema clientelista donde las decisiones sobre hospitales o estadios se condicionan a la conveniencia política del gobernante de turno.
La investigación de la Fiscalía será clave para definir si se trató de una estrategia política legítima o de un pacto ilícito que podría traer consecuencias legales para las autoridades involucradas.
