La lucha contra la criminalidad en el norte del país dio un nuevo paso, pero también encendió una dolorosa verdad: la extorsión continúa siendo uno de los delitos más agresivos, repetitivos y destructivos que golpean a la región La Libertad. La reciente sentencia de 10 años y 6 meses de prisión contra Manuel Oscar Caballero Llauri y Marleny Llamo Vílchez, obtenida por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Paiján, no solo representa un triunfo judicial, sino la revelación de un patrón delictivo que mantiene en zozobra a comerciantes, agricultores, transportistas y familias enteras.
La condena, dictada por el Poder Judicial, recae sobre ambos implicados por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa en agravio de Walter Julio Villareal Linares. Sin embargo, la Fiscalía advierte que los condenados pertenecerían a una organización criminal que aún opera en la provincia de Ascope, lo que demuestra que el problema trasciende a los individuos capturados y forma parte de una estructura delictiva más amplia.
El origen del caso: septiembre de 2021, una llamada que cambió todo
De acuerdo con la investigación fiscal, el caso se remonta al 13 de septiembre de 2021, cuando Caballero Llauri, haciendo uso de un teléfono que él mismo manipulaba, inició llamadas y envió mensajes amenazantes al agraviado. Le exigía inicialmente el pago de S/ 5 000 para no atentar contra su vida ni la de su familia. Ante la falta de respuesta inmediata, los extorsionadores redujeron el monto a S/ 100, con el objetivo de presionar un pago rápido que validara el chantaje.
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, trazó una estrategia de seguimiento.
Tres días después, el 16 de septiembre de 2021, alrededor de la 1:30 de la tarde, agentes fiscales intervinieron en flagrancia a Marleny Llamo Vílchez, quien había llegado al punto de encuentro para recibir el “cupo extorsivo” de S/ 100. Este operativo permitió obtener una prueba directa esencial para sustentar la acusación.
El juicio: evidencias sólidas y participación acreditada
Durante el proceso judicial, la fiscal Mary Carmen Vargas Guanilo presentó mensajes, registros de llamadas, el celular extorsivo, la intervención policial y la captura en flagrancia, elementos suficientes para demostrar la responsabilidad penal de los procesados.
El tribunal no solo impuso la pena privativa de libertad, sino que ordenó a Caballero y Llamo el pago solidario de S/ 4 000 como reparación civil.
La sentencia se convierte en un mensaje contundente contra las organizaciones criminales que operan en la costa liberteña: la persecución penal funciona cuando se actúa con rapidez, estrategia y evidencia bien sustentada.
Extorsión en La Libertad: un patrón criminal que se multiplica
En Paiján, Cartavio y Chocope, los principales blancos son agricultores y transportistas, sectores vulnerables ante las amenazas de atentar contra cosechas, vehículos o parcelas.
En distritos como El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, las modalidades se tornan más violentas:
- detonan explosivos en viviendas o negocios,
- dejan cartas extorsivas,
- realizan pintas o panfletos para sembrar terror.
En Virú, los ataques se concentran en el transporte interprovincial y el sector agroexportador.
En Trujillo, los extorsionadores apuntan a comercios, obras de construcción y empresas medianas.
La sentencia emitida en Paiján, aunque importante, representa solo un eslabón de un sistema criminal que continúa mutando y expandiéndose en la región.
