El debate sobre una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Esta vez, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se pronunció con dureza al advertir que la propuesta del Congreso de ampliar por dos años más la vigencia del registro —y reincorporar a miles de mineros informales previamente excluidos— implica un “alto riesgo” para la seguridad del país, los ciudadanos y la actividad empresarial formal.
En un comunicado difundido esta mañana, la Confiep expresó su “profunda preocupación” por el dictamen en debate dentro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Para el gremio empresarial, esta nueva prórroga —la quinta en una década— no solo mantendría un sistema que ha fracasado en la formalización minera, sino que ahondaría la presencia de organizaciones criminales vinculadas a actividades ilícitas que operan bajo el paraguas del Reinfo.
La institución alertó que una ampliación de este tipo podría incrementar la violencia asociada a redes de minería ilegal, incluyendo delitos como trata de personas, explotación laboral, tráfico de insumos fiscalizados, lavado de activos y deforestación masiva. Según la Confiep, estas actividades ya afectan gravemente la seguridad de las regiones y ponen en riesgo las operaciones empresariales formales en zonas donde la minería ilegal ha ganado un poder territorial alarmante.
Además, el gremio recordó que la propuesta legislativa va en contra de los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, promovida por la Comunidad Andina (CAN). En ese sentido, señalaron que aprobar la ampliación del Reinfo sería un retroceso para los esfuerzos regionales destinados a combatir una actividad que financia a grupos delictivos y genera graves impactos ambientales.
La Confiep también hizo un llamado directo al Congreso:
“Instamos al Congreso de la República a actuar con responsabilidad, priorizando el interés nacional, el respeto al marco legal y la protección de los ciudadanos. El Perú no puede retroceder en la lucha contra la minería ilegal.”
Finalmente, el gremio enfatizó la necesidad de fortalecer la institucionalidad, garantizar el crecimiento económico dentro de un marco de legalidad y proteger los ecosistemas que hoy se encuentran bajo amenaza por el avance del extractivismo ilegal. La advertencia de la Confiep se suma a la postura de organismos ambientales, fiscales, especialistas y organizaciones civiles que coinciden en que el Reinfo, lejos de formalizar, se ha convertido en un instrumento que facilita la expansión del crimen organizado bajo el amparo de un registro estatal.
El debate en la Comisión de Energía y Minas será decisivo. Mientras tanto, las voces que exigen el cierre definitivo del Reinfo se multiplican ante la evidencia de que una nueva prórroga solo prolongaría un sistema que ha mostrado ser incapaz de ordenar al sector minero y eficaz en proteger intereses que operan fuera de la ley.
