El debate sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha encendido las alarmas entre especialistas, economistas y observatorios ambientales. La Comisión de Energía y Minas del Congreso discutirá este viernes el predictamen que propone ampliar la vigencia del Reinfo hasta diciembre del 2026 y reincorporar a más de 50 mil mineros excluidos a nivel nacional, una medida que —según analistas— podría agravar la crisis de minería ilegal, violencia y contaminación ambiental en regiones críticas como Pataz, en La Libertad.
La prórroga, aseguran expertos, representa una peligrosa señal de impunidad para las mafias mineras, que desde hace años se expanden sin control bajo la figura de la formalización.
Para Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la ampliación del Reinfo beneficiará directamente a los operadores ilegales y debilitará los esfuerzos de fiscalización del Estado.
“Estamos a pocos meses de campaña política, y lo que se discute ahora parece una concesión a los intereses ilegales. El Congreso no ha legislado contra la minería ilegal, más bien ha favorecido el desorden y debilitado la autoridad del Estado”, señaló Garay.
La especialista recordó que el Reinfo, creado originalmente para facilitar la transición de la minería artesanal hacia la formalidad, ha terminado siendo un refugio legal para miles de mineros que continúan operando sin controles ambientales, tributarios ni laborales.
“El resultado es un sistema que legitima la informalidad, genera desconfianza y ahuyenta inversiones serias”, agregó.
El economista Carlos Gallardo, del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que una nueva prórroga del Reinfo afectará gravemente la competitividad internacional del Perú en el sector minero, al consolidar un entorno de inseguridad jurídica y riesgo de crimen organizado.
“El Reinfo se ha convertido en un esquema de impunidad. Afecta al minero artesanal que sí quiere formalizarse, porque le impone una situación de incertidumbre eterna. Además, fomenta la violencia y deteriora la credibilidad del país ante los inversionistas”, explicó Gallardo.
Según el especialista, proyectos mineros formales de gran envergadura como Los Chankas, Michiquillay y Haquira, con inversiones que superan los 7 mil millones de dólares, enfrentan retrasos justamente por la expansión de la minería ilegal en sus zonas de influencia.
“Extender el Reinfo es aceptar que continuará un impacto ambiental devastador, con uso de mercurio, deforestación y contaminación de ríos. Este daño afecta la salud de las comunidades y compromete los ecosistemas amazónicos y andinos”, añadió.
La provincia de Pataz, en la región La Libertad, se ha convertido en uno de los focos más violentos del país a causa de la minería ilegal.
El crimen organizado domina amplias zonas donde operan redes armadas, laboratorios de oro y mafias extorsivas que financian sus actividades bajo el amparo del Reinfo.
De acuerdo con datos de inteligencia policial y reportes de la Fiscalía Ambiental, la minería ilegal en Pataz ha derivado en homicidios, secuestros, desapariciones y enfrentamientos armados, además de graves daños ecológicos por el vertimiento de químicos en los ríos Marañón y Tablachaca.
“Con una ampliación del Reinfo, los efectos serán devastadores. Significa mantener zonas de exclusión estatal donde manda la ilegalidad”, advirtió Garay.
Mientras tanto, en el Congreso, los miembros de la Comisión de Energía y Minas evalúan la propuesta de extender el Reinfo por dos años más. La medida contaría con el respaldo de ciertos gremios mineros informales que han realizado marchas y presiones políticas.
Sin embargo, diversos sectores académicos y ambientales alertan que esta decisión favorece a los grupos ilegales que utilizan el registro como escudo jurídico, impidiendo las intervenciones del Ministerio del Interior, OEFA y SUNAT.
“No se puede seguir premiando la ilegalidad. El Reinfo se creó para formalizar, pero terminó normalizando el delito”, sostuvo Gallardo.
El debate sobre el Reinfo no solo enfrenta a mineros formales e informales, sino que también define la credibilidad del Perú ante los mercados internacionales y su compromiso con la sostenibilidad ambiental.
La formalización minera real, según los especialistas, requiere plazos estrictos, transparencia y un enfoque interinstitucional que priorice la salud pública y la integridad territorial.
“Seguir prorrogando el Reinfo es postergar la gobernanza y renunciar a la autoridad del Estado en el territorio”, concluyó Garay.
