El futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) volverá a quedar en manos del Congreso. Su vigencia vence el próximo 31 de diciembre y organizaciones de pequeños mineros ya presionan para conseguir una nueva ampliación, mientras dentro del Parlamento existen posiciones enfrentadas sobre la continuidad de un mecanismo cuestionado por sus resultados después de años de formalización.
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) acordó solicitar una prórroga por otros tres años. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó extender su vigencia hasta que sea aprobada la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
La decisión deberá pasar por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y posteriormente por la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado.
Precisamente, entre los integrantes de estas comisiones aparecen parlamentarios que anteriormente respaldaron ampliaciones del Reinfo, defendieron posiciones de sectores de la minería informal, asesoraron a organizaciones vinculadas al proceso de formalización o recientemente sostuvieron reuniones con sus gremios.
Estas relaciones o posiciones políticas, sin embargo, no implican por sí mismas la existencia de un conflicto de interés ni una actuación irregular. El debate estará en determinar cómo votarán los parlamentarios cuando llegue el momento de decidir sobre una nueva prórroga.
Advierten que Reinfo puede utilizarse para “blanquear” oro ilegal
El abogado especializado en temas ambientales César Ipenza cuestionó una nueva ampliación y sostuvo que mantener indefinidamente el registro no resolvería los problemas de la formalización minera.
Recordó que el proceso lleva aproximadamente 24 años y consideró que quienes permanecen en él ya deberían haber cumplido las obligaciones necesarias para alcanzar la formalidad.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la trazabilidad del oro. Según explicó, no existiría un mecanismo suficientemente eficaz para contrastar cuánto mineral produce un operador inscrito con la cantidad que posteriormente comercializa o exporta.
Esta situación, advirtió, permitiría que el Reinfo pueda ser utilizado para incorporar a la cadena comercial oro procedente de actividades ilegales.
Ipenza planteó que, si finalmente el Congreso aprueba una nueva ampliación, los operadores deberían estar obligados a declarar las coordenadas exactas donde desarrollan sus actividades y someterse a mecanismos efectivos de fiscalización.
Senado: posiciones divididas
En la comisión correspondiente del Senado también existen diferentes posiciones.
Daniel Barragán, de Obras, preside el grupo y ha señalado que una eventual ampliación debe evaluarse previamente. Al mismo tiempo, ha cuestionado procedimientos que, desde su perspectiva, dificultan que los pequeños mineros alcancen la formalización.
Juntos por el Perú tiene entre sus representantes a José Castillo, Jaime Quito y Joaquín Yauri. Quito votó favorablemente por una anterior ampliación del Reinfo durante el Congreso anterior. Además, integrantes de esta bancada han sostenido recientemente reuniones con gremios vinculados a mineros informales.
La vicepresidencia corresponde a Juver Flores, del Partido del Buen Gobierno, quien ha asesorado anteriormente a organizaciones mineras en proceso de formalización. No obstante, Flores ha señalado que no respaldará otra ampliación del Reinfo.
En una posición crítica se encuentra Ruth Luque, de Ahora Nación, quien ha cuestionado lo que denomina un “Reinfo hereditario”, así como aspectos del predictamen de la Ley MAPE y los intentos de flexibilizar determinadas normas del sector.
En Fuerza Popular también existen posiciones diferentes. Víctor Flores respaldó anteriores ampliaciones y ha defendido medidas de flexibilización para la minería informal. Karla Schaefer se ha manifestado contra nuevas prórrogas, mientras Rafael Yamashiro considera agotado el actual registro y plantea sustituirlo por un proceso efectivo de formalización.
Renovación Popular está representada por Absalón Vásquez y Francisco Giampietri. Este último mantiene una posición contraria a flexibilizar las condiciones del proceso.
Diputados: reuniones y antecedentes mineros
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Energía y Minas estará presidida hasta 2027 por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú. Raúl Jesús Camargo ocupa la vicepresidencia y Milagros Santana la secretaría. El grupo está integrado por 18 parlamentarios.
Paredes sostuvo una reunión en Lima con representantes de Confemin, organización que promueve la continuidad del Reinfo y que ha planteado extenderlo por otros tres años.
Entre los integrantes aparece también Jesús Pérez, representante de Apurímac, identificado como pequeño minero y empresario de transporte. Según la información proporcionada, llegó al Congreso con respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac y mantiene una base minera en Uchuro, Totora Oropesa.
Dos congresistas de La Libertad en el debate
La Libertad también tendrá representación directa dentro de esta discusión.
Marino Lavado, de Juntos por el Perú, antes de asumir su cargo planteó expropiar determinadas concesiones y sostuvo que los pequeños mineros deberían acceder directamente a ellas.
También integra la comisión Geanmarco Quezada, congresista de Fuerza Popular por La Libertad.
Durante el Conamin 2026, Quezada planteó una “lucha frontal” contra la minería ilegal y sus vínculos con organizaciones criminales. Paralelamente, propuso reducir trabas y tiempos administrativos para los proyectos mineros formales y atender los obstáculos que enfrentan los pequeños productores.
El Reinfo nuevamente bajo presión
El debate se producirá mientras gremios mineros buscan evitar que el registro expire definitivamente el 31 de diciembre.
Una eventual ampliación volverá a colocar sobre la mesa una discusión que el país mantiene desde hace años: si otorgar nuevos plazos realmente permite avanzar hacia la formalización o termina prolongando indefinidamente una situación transitoria.
También pondrá bajo escrutinio a los congresistas encargados de tomar la decisión, especialmente aquellos que mantienen vínculos profesionales con el sector, han respaldado anteriores ampliaciones o sostienen acercamientos con organizaciones interesadas directamente en la continuidad del registro.
La composición de ambas comisiones revela, sin embargo, que no existe una posición única. En ellas conviven defensores de una mayor flexibilización, legisladores que exigen cambios en el modelo y parlamentarios que rechazan abiertamente otra prórroga.
El futuro del Reinfo dependerá ahora de ese debate y de las condiciones que el Congreso decida establecer para un proceso de formalización que continúa sin encontrar una salida definitiva.
