La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó por unanimidad citar a los ministros del Interior, Carlos Malaver Odias; de Defensa, Walter Astudillo Chávez; y de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para que informen sobre los resultados del estado de emergencia decretado en Pataz debido a la crisis de inseguridad ciudadana.
El anuncio fue realizado por el presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza, quien adelantó que las citaciones se concretarán durante este mes.
La solicitud fue presentada por el congresista Roberto Sánchez Palomino, quien expresó su preocupación por los impactos que viene generando la medida excepcional en esta provincia liberteña.
Según relató, en su reciente visita de representación a Pataz constató que las interdicciones y explosiones realizadas contra la minería ilegal se ejecutan sin aviso previo a la población, exponiendo a comunidades enteras a riesgos innecesarios.
Además, cuestionó que pese a tratarse de una de las zonas con mayor producción aurífera del país, las brechas en infraestructura, salud y educación siguen siendo críticas.
“Estamos hablando de un pueblo ancestralmente dedicado a la minería. La mayor recaudación tributaria aurífera está en esa cuenca y, sin embargo, hay condiciones realmente para llorar”, enfatizó Sánchez.
El estado de emergencia en Pataz fue decretado en respuesta al avance de la minería ilegal, las mafias armadas y los elevados índices de violencia. La medida autorizó la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo el Comando Unificado Pataz (CUPAZ).
Según cifras oficiales, las operaciones han generado pérdidas por más de S/ 238 millones a las economías ilegales; sin embargo, el Congreso ahora demanda conocer: ¿Cuál es el balance real en materia de seguridad ciudadana?, cCuáles han sido los costos operativos y la base presupuestal?, ¿qué impactos ha tenido en la vida de los pobladores mineros ancestrales?
En paralelo, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, llegó a Pataz para instalar una mesa multisectorial con mineros artesanales. Desde allí defendió el trabajo articulado de los tres niveles de gobierno, señalando que las acciones buscan cerrar brechas sociales e impulsar actividades económicas legales.
“Estamos contribuyendo al cierre de brechas y al impulso de las actividades económicas de esta jurisdicción”, afirmó el ministro, destacando que la presencia del Estado no se limita a los operativos de seguridad, sino que también debe traducirse en programas de desarrollo.
La cita de los ministros ante la Comisión de Fiscalización abre un nuevo capítulo en el debate sobre Pataz. Mientras el Ejecutivo defiende los avances en seguridad, el Legislativo exige transparencia en resultados, costos y protección de derechos de la población.
La gran pregunta sigue siendo: ¿el estado de emergencia es una solución de fondo o solo un parche temporal frente a un problema estructural que combina minería ilegal, crimen organizado y ausencia estatal?
