El uso indebido de recursos públicos en el Congreso de la República vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Un informe del Jurado Electoral Especial de Lima (JEE-P) ha confirmado que un servidor del Parlamento empleó una cámara institucional para grabar actividades con fines políticos, vulnerando el principio de neutralidad electoral que rige para todos los funcionarios del Estado.
El caso fue denunciado públicamente semanas atrás y hoy cobra fuerza con las conclusiones del Informe N.º 000053-2025, elaborado por la coordinadora de Fiscalización del JEE-P, Luz Chiroque Ruiz, y remitido a la presidenta del organismo, Silvia Meléndez García. El documento ratifica que el equipo audiovisual perteneciente al Congreso fue utilizado “indebidamente” por Daniel Luza Amésquita, servidor del área de Participación Ciudadana, durante una actividad que no tenía relación con las funciones legislativas.
“Ya ni siquiera nombran a Rospigliosi como presunto infractor. El informe es claro: identifica al trabajador que usó indebidamente el equipo del Congreso”, señaló el abogado denunciante, quien exige sanciones ejemplares.
El informe que destapa irregularidades
Según el documento, Luza Amésquita habría utilizado la cámara oficial para registrar un evento político que fue posteriormente difundido en redes sociales. El JEE-P señala que el hecho constituye una falta administrativa grave, al vulnerar la imparcialidad y el correcto uso de los bienes del Estado, en plena vigencia del calendario electoral.
Asimismo, el informe precisa que el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, se encontraba de vacaciones el día de los hechos, lo que deja entrever un vacío de supervisión interna que habría facilitado el uso irregular del material institucional.
El documento concluye recomendando al Ministerio Público y al propio Congreso iniciar las investigaciones administrativas y penales correspondientes. “El hecho reviste gravedad, pues compromete recursos públicos en actos que podrían interpretarse como propaganda”, detalla el informe.
Neutralidad en entredicho
El principio de neutralidad electoral, consagrado en la Ley Orgánica de Elecciones y en el Reglamento de Neutralidad del Estado, prohíbe expresamente el uso de bienes, recursos o personal del Estado en beneficio o perjuicio de una candidatura o agrupación política.
Sin embargo, este caso pone en evidencia una práctica recurrente y poco fiscalizada dentro de las instituciones públicas, donde equipos, vehículos o personal son movilizados para fines distintos a los que les corresponden.
Expertos consultados por Causa Justa advierten que el Parlamento debería ser un modelo de transparencia y ejemplo institucional, pero la falta de controles internos y sanciones oportunas alimenta la impunidad.
“El Congreso no puede ser juez y parte. Si la falta ocurrió, corresponde una sanción inmediata y ejemplar”, indicó un exfuncionario del JNE.
