El Pleno del Congreso aprobó la derogación de una disposición que frenaba el avance de la minería ilegal en el país. La disposición derogada facultaba a la Policía Nacional a actuar frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras realizadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La medida fue aprobada con 78 votos a favor en primera y segunda votación, exonerándola de segunda votación. Esta decisión implica un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, ya que deja sin efecto la posibilidad de que la Policía actúe ante la tenencia ilegal de explosivos por parte de mineros informales.
La disposición también establecía un plazo de 90 días para que todos los mineros informales acreditaran el permiso del titular de la concesión minera. Sin embargo, esta medida ha sido derogada, lo que genera preocupación en diversos sectores que abogan por un mayor control y regulación en la actividad minera informal.
Durante el debate en el Congreso, hubo posturas encontradas. Algunos legisladores argumentaron que la derogación de la disposición debilitaría la formalización de la minería y permitiría prácticas ilegales, como la tenencia de explosivos sin autorización. Por otro lado, hubo quienes argumentaron que la disposición era inconveniente y dificultaba el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
Es importante destacar que la derogación de esta disposición ha generado controversia y ha sido criticada por expertos en materia ambiental y de seguridad, quienes consideran que es fundamental fortalecer las medidas de control y regulación en la actividad minera para evitar prácticas ilegales y proteger el medio ambiente.
