Desde las primeras horas de la madrugada de este martes 23 de abril, las calles de San Isidro, en Lima, fueron escenario de una intensa actividad policial como parte de la operación «Valkiria II», dirigida por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), bajo el liderazgo de la fiscal Marita Barreto.
La operación tiene como objetivo desmantelar una presunta organización criminal supuestamente liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, evidenciando un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el Perú.
El foco de esta vasta operación fue la detención del abogado trujillano José Luis Castillo Alva, quien estudio Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), y ejerció defensa en varios casos emblemáticos, entre ellos el “Escuadrón de la muerte”, actuando como defensor del extinto coronel PNP y exalcalde de la ciudad, Elidio Espinoza Quispe.
Alva fue detenido en su residencia ubicada en la cuadra 9 de la avenida Aurelio Miró Quesada. Los agentes de Eficcop ingresaron al piso 19 de un lujoso edificio alrededor de las 3:40 a.m., donde Castillo Alva y su pareja, Mirtha González, fueron detenidos. Ambos enfrentan cargos graves que incluyen pertenencia a organización criminal y cohecho activo genérico.
Castillo Alva no es un nombre nuevo en las crónicas judiciales del país. Anteriormente vinculado con la organización «Los Cuellos Blancos del Puerto», había sido beneficiado con la anulación de una orden de prisión preventiva de 36 meses el pasado 27 de febrero, medida que fue reemplazada por una comparecencia restringida e impedimento de salida del país. Sin embargo, sus problemas legales se han intensificado con las nuevas acusaciones que lo conectan directamente con Benavides Vargas y su red.
El operativo «Valkiria II» no se limitó al arresto de Castillo Alva y González; se extendió a más de 20 inmuebles en diversas localidades, bajo la coordinación del fiscal Cristian Niño Torres. Estos allanamientos son parte de una investigación más amplia que incluye a figuras como Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro y el propio Castillo Alva, todos acusados de delitos como colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros. La operación ha movilizado a 23 fiscales y más de 100 policías, lo que refleja la magnitud y la seriedad con la que las autoridades están abordando este caso.
