La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo acusó penalmente al conocido notario trujillano Apolonio Roberto de Bracamonte Morales por su presunta implicación en un complejo y escandaloso caso de falsificación de documentos.
Este caso comenzó en febrero de 2018, cuando Flor Susan Rodríguez Zorrilla, una ciudadana de Huaraz, descubrió que su vehículo Toyota Corolla de placa AHN-691 había sido transferido sin su consentimiento a Mario Ernesto Purizaga Quiroz y su esposa, Gladys Alicia Celis Linares, de acuerdo a la acusación fiscal.
La sorpresa y consternación de la agraviada la llevaron a destapar una supuesta red de irregularidades que implicaría al sistema notarial de Trujillo. Al obtener una copia de la consulta vehicular, en los Registros Públicos, el 6 de marzo del mismo año, Rodríguez Zorrilla confirmó sus peores temores: la transferencia había sido registrada sin su firma ni autorización.
Inmediatamente, denunció el caso alegando que no había firmado ningún documento de transferencia y que todo el proceso era fraudulento. La fiscal Luz Marina León Collantes presentó la acusación un año después, el 14 de marzo de 2019, sustentando que el notario Apolonio Roberto de Bracamonte Morales facilitó la transferencia fraudulenta.
De acuerdo al informe pericial Dactiloscópico 257-2018, la huella dactilar analizada «presenta irregularidades de índole papilar en su campo morfológico […]: coligiéndose que existe la alta probabilidad de que su génesis no se haya producido por una toma directa.” Además, según el informe de Grafotecnia 028-2019, “se aprecia que la morfoestructura del dactilograma presenta irregularidades en el estampado, proviene de una superposición de imágenes y no proviene de manera directa del pulpejo dactilar de la denunciante”.
Los peritajes indicarían que la firma y la huella dactilar de Rodríguez Zorrilla en los documentos habían sido falsificadas. Además, la investigación mostró que la operación biométrica utilizada para registrar la transferencia no pertenece a la notaría de Bracamonte, sino que está registrada a nombre de la SUNARP, agregando un nuevo nivel de complejidad y sospecha al caso.
Rodríguez Zorrilla (la denunciante) explicó en su declaración que conoció a Purizaga Quiroz a través de préstamos de dinero y que siempre mantuvo el vehículo en su poder. La revelación de la transferencia fraudulenta la llevó a la notaría, donde comprobó que la firma y la huella en los documentos no le pertenecían. Esta experiencia, según su relato, ha sido una auténtica pesadilla.
Mario Ernesto Purizaga Quiroz (el denunciado), por su parte, sostuvo que compró el vehículo a nombre de su compadre César Antonio Miranda Saldaña y que Rodríguez Zorrilla le entregó el vehículo como garantía por los préstamos.
Aseguró haber realizado el trámite de transferencia de manera regular, incluyendo la firma del documento ante la notaría, a la que Rodríguez Zorrilla presuntamente acudió a firmar. El pago de la totalidad del precio del vehículo la habría realizado mediante varios depósitos a Rodríguez Zorrilla, todos en 2017.
En su defensa, el notario Bracamonte Morales declaró que «en la notaría se realizó el acta de transferencia de vehículo de placa AHN-691 verificando la identidad de las partes” Según su testimonio, “el acta fue hecho el 9 de febrero de 2018 y el cierre de las firmas se efectúa el 13 de febrero, siendo el caso que al inicio estuvo presente el comprador y la vendedora se apersonó el 13 de febrero».
La fiscalía solicitó penas privativas de libertad de dos años para Mario Ernesto Purizaga Quiroz y Gladys Alicia Celis Linares por el presunto uso de documento público falso. Además, pide tres años de cárcel suspendida para Apolonio de Bracamonte Morales por falsedad ideológica. También se solicita una indemnización de 5 mil soles a favor de Rodríguez Zorrilla por parte de Purizaga Quiroz y Celis Linares, y 8 mil soles de parte del notario, sumando a ello una indemnización de 2 mil soles a favor de la SUNARP.
Rodríguez Zorrilla continúa luchando por justicia, con el apoyo de su abogado Mitchel Gregory Ramos Jananpa. Este caso, de acuerdo con la acusación fiscal, no solo pone en el centro de atención la responsabilidad del notariado en Trujillo, sino también la urgencia de reforzar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones encargadas de velar por la legalidad de los actos públicos.
