En un nuevo episodio que evidencia las grietas en la transparencia del aparato público regional, los consejeros del Gobierno Regional de La Libertad enfrentan una denuncia penal por presuntamente no cumplir con su deber fundamental: fiscalizar.
La acusación ha sido presentada ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, quien señala que los consejeros ignoraron denuncias formales sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema educativo.
La denuncia, que compromete seriamente la legitimidad del Consejo Regional, incluye posibles delitos de omisión de funciones, encubrimiento real y omisión de denuncia, delitos que, de comprobarse, podrían tener serias consecuencias administrativas y penales para los involucrados.
Las cartas ignoradas
La denuncia se centra en dos documentos clave: la Carta Múltiple N.º 003-2024, del 29 de diciembre de 2024, y la Carta Múltiple N.º 006-2024, del 31 de diciembre del mismo año. En ambas, el denunciante advertía a los consejeros sobre presuntas irregularidades cometidas por el actual consejero regional por Pataz, Luis Rodríguez Ponce, y su entorno familiar.
Según el documento, Rodríguez habría cobrado sueldos como docente mientras simultáneamente ejercía funciones políticas, solicitando licencias remuneradas de forma irregular entre 2021 y 2023. Esta práctica habría generado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente S/ 72,600. Lo grave del caso es que, pese a contar con esta información documentada, los consejeros nunca activaron mecanismos de control ni derivaron el caso a la Comisión de Ética, lo que podría constituir encubrimiento y omisión de funciones.
Conflictos de interés familiares
El escándalo se amplía con una segunda acusación. Julio Rodríguez Ponce, hermano del mencionado consejero Luis Rodríguez, habría sido proveedor de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), lo cual está expresamente prohibido por ley al tratarse de un familiar directo de una autoridad regional en ejercicio.
En el mismo sentido, otro hecho fue ignorado por el pleno del Consejo: Jairo Carranza, hermano de la actual presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, también habría contratado con las municipalidades de Huanchaco y Julcán, donde su hermana mantiene fuerte influencia política.
En ambos casos, las denuncias fueron puestas por escrito, pero —según Ruiz Briones— no hubo investigación ni pedido de sanción por parte de los consejeros, vulnerando así principios elementales de transparencia, ética pública y control funcional.
Una región marcada por la impunidad
La Libertad no es ajena a los escándalos de corrupción que han remecido la política peruana. En los últimos años, varias autoridades regionales y provinciales han sido investigadas por actos irregulares, pero muy pocos han terminado en sanciones ejemplares. El presente caso no solo pone en evidencia la posible connivencia entre poder político y ventajas indebidas, sino también un patrón de desinterés institucional por cumplir el deber de fiscalización, piedra angular del equilibrio democrático.
