El Consejo Regional de La Libertad no asumirá un rol de fiscalización directa en torno a las denuncias de presuntas irregularidades detectadas en los procesos concursables del programa Procompite 2023 y 2024, que actualmente se encuentran bajo investigación de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Ever Cadenillas Coronel, confirmó que la decisión responde a la necesidad de no interferir en diligencias ya abiertas por dichos órganos.
Expedientes incautados por Fiscalía
“Mal haríamos en intervenir en un proceso de investigación que podríamos entorpecer, peor aún si no contamos con la información necesaria, puesto que los expedientes de estos procesos, que son aproximadamente 200, fueron incautados por la Fiscalía”, declaró Cadenillas.
El consejero precisó que los concursos de Procompite se encuentran paralizados tras revelarse denuncias de cohecho en su ejecución. “No se puede continuar, eso es lo que se ha informado a la Gerencia General del Gobierno Regional”, agregó.
¿Qué está en juego?
Procompite es un programa estatal orientado a cofinanciar planes de negocio de asociaciones y pequeños empresarios en sectores productivos estratégicos. En La Libertad, su implementación ha sido cuestionada por supuestos favoritismos, pagos indebidos y direccionamiento de concursos.
Las investigaciones de la Contraloría y el Ministerio Público buscan esclarecer si hubo delitos de corrupción y determinar responsabilidades entre funcionarios y beneficiarios.
Un frente político sensible
La decisión del Consejo Regional ha generado opiniones divididas: algunos consideran que era necesario abrir una investigación política paralela, mientras que otros respaldan la postura de no duplicar esfuerzos y esperar los resultados de los entes competentes.
Lo cierto es que el caso Procompite mantiene en vilo a más de un centenar de asociaciones y emprendedores que postulaban a los fondos y que hoy ven paralizados sus procesos.
