El proyecto de mejoramiento del estadio municipal Juan Noriega Salazar de Chepén, considerado una de las principales obras deportivas impulsadas por el Gobierno Regional de La Libertad, quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República tras detectarse una serie de deficiencias que ponen en riesgo su ejecución, legalidad y calidad técnica.
El Informe de Visita de Control N.° 023-2026-OCI/5342-SVC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de La Libertad, advierte retrasos críticos, ausencia de personal especializado, deficiente supervisión y ejecución de trabajos sin certificación ambiental vigente.
La obra supera los S/ 24 millones de inversión y debía convertirse en uno de los proyectos emblemáticos para la provincia de Chepén y la región La Libertad.
Retraso de 86 días compromete obra millonaria
Uno de los principales hallazgos de la Contraloría es el desfase acumulado de 86 días calendario en el inicio del denominado “Informe Parcial N.° 02”.
Según el informe, este retraso se agrava debido a partidas pendientes del primer tramo de ejecución y a la falta de personal técnico suficiente por parte del Consorcio Olímpico, encargado de los trabajos.
“La ejecución del Informe Parcial N° 02 se ha iniciado con un desfase de ochenta y seis (86) días calendario”, advierte textualmente la Contraloría.
El ente de control señaló además que esta situación pone en riesgo el cumplimiento de metas contractuales bajo la modalidad Fast Track, diseñada precisamente para acelerar obras mediante ejecución y expediente técnico simultáneo.
Gobierno Regional ejecuta obra sin supervisor
Otro aspecto considerado crítico es que el Gobierno Regional de La Libertad no habría contratado hasta la fecha una supervisión formal de obra, pese a que el proyecto supera ampliamente el monto que obliga legalmente a contar con dicho control técnico.
La Contraloría detalló que actualmente solo existe un inspector de obra, identificado como Yoshi Casiano Reyes Rodríguez, quien asumió funciones en noviembre de 2025.
Sin embargo, la Ley General de Contrataciones Públicas exige la contratación obligatoria de una supervisión externa para proyectos de esta magnitud.
Ausencia de especialistas alarma a Contraloría
Durante las inspecciones realizadas entre el 20 y 24 de abril de 2026, la comisión de control detectó que no se encontraban presentes especialistas clave del plantel técnico.
Entre ellos figuraban el especialista en estructuras y el arqueólogo responsable de supervisar componentes específicos de la obra.
A pesar de ello, se continuaban ejecutando trabajos complejos como instalación de zapatas, izado de columnas y placas en la tribuna oriente.
La Contraloría advirtió que esta ausencia compromete directamente la calidad de la construcción y podría generar futuras fallas estructurales.
Obra opera sin certificación ambiental
El informe también reveló que los trabajos se vienen desarrollando sin una certificación ambiental vigente ni un plan formal aprobado de manejo de residuos sólidos.
Aunque el residente de obra afirmó que existe un Plan de Manejo Ambiental presentado al Gobierno Regional, el documento aún permanece en evaluación y no reemplaza la certificación obligatoria exigida para proyectos de construcción.
Esta omisión podría derivar en sanciones administrativas y ambientales para el Gobierno Regional de La Libertad.
Extorsiones y violencia también golpean proyecto
La Contraloría recordó además que la obra ya había sufrido paralizaciones debido a amenazas extorsivas registradas en octubre y noviembre de 2025.
El cuaderno de obra consignó incidentes graves como disparos contra el portón del proyecto y amenazas directas al personal técnico.
La situación ocurre en medio del incremento de violencia y disputas criminales en Chepén, donde bandas vinculadas a extorsiones mantienen enfrentamientos por el control de cobros ilegales en obras públicas y privadas.
Contraloría alerta sobre posible “elefante blanco”
La entidad de control notificó oficialmente los hallazgos a la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel para que adopte medidas correctivas urgentes.
El objetivo es evitar que el estadio Juan Noriega Salazar termine convertido en otro proyecto inconcluso o deficiente.
La Contraloría advirtió que la falta de gestión, supervisión y control técnico podría afectar la finalidad pública de una obra que debía impulsar el deporte y el desarrollo en Chepén.
