Un nuevo informe de la Contraloría General de la República pone bajo la lupa a la Red Integrada de Salud Pacasmayo (RIS-P), entidad adscrita al Gobierno Regional de La Libertad, por un elevado número de contratos de consultoría que no fueron correctamente registrados en el sistema oficial de control estatal durante el año 2025.
La situación ha generado preocupación debido a que el periodo observado coincide con meses clave de la campaña electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un contexto donde el Gobierno Regional de La Libertad mantiene una fuerte vinculación política con Alianza Para el Progreso (APP).
Contraloría detecta 1,119 contratos pendientes de registro
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 3913-2026-CG/PREV-SOO, elaborado por la Subgerencia de Prevención de la Contraloría, la Red Integrada de Salud Pacasmayo mantenía, hasta el 24 de marzo de 2026, un total de 1,489 expedientes SIAF pendientes de vinculación o exclusión en el Sistema de Registro de Información de Consultorías del Estado (SIRICC).
Lo más llamativo del documento es que 1,119 expedientes corresponden únicamente al año 2025.
Según la Contraloría, esta omisión afecta directamente “la transparencia, publicidad y rendición de cuentas sobre el gasto público”, dificultando además el ejercicio del control gubernamental.
¿Qué es el SIRICC y por qué importa?
El Sistema de Registro de Información de Consultorías del Estado (SIRICC) permite que cualquier ciudadano pueda revisar cuántas consultorías contratan las entidades públicas, cuánto cuestan y cuál es su finalidad.
Este mecanismo busca garantizar transparencia en el uso de recursos públicos, especialmente en contrataciones de servicios externos y asesorías.
Sin embargo, la RIS Pacasmayo no habría cumplido con trasladar oportunamente la información correspondiente al sistema.
Contratos superan a municipalidades de toda la provincia
El caso resulta aún más llamativo porque, según la publicación de UNDiario.pe, la Red Integrada de Salud Pacasmayo habría superado en número de consultorías a todas las municipalidades de la provincia de Pacasmayo durante el mismo periodo.
La cifra genera cuestionamientos debido a la magnitud de contrataciones registradas en una entidad del sector salud.
Contraloría advierte inacción de funcionarios
El informe también señala presuntas responsabilidades administrativas por parte de funcionarios encargados de abastecimiento y transparencia.
“La situación viene afectando la transparencia, publicidad y rendición de cuentas sobre el gasto público”, advierte el órgano de control.
Además, precisa que el operador de la Oficina de Abastecimiento debía identificar y vincular correctamente los contratos al sistema oficial o, en caso contrario, excluir aquellos expedientes que no correspondieran.
La Contraloría considera que existió una “marcada inacción” de los responsables de mantener actualizado el registro.
Director de la RIS fue notificado
Ante los hallazgos, el subgerente de Prevención de la Contraloría, Janes Edgardo Rodríguez López, notificó formalmente el informe al director ejecutivo de la Red Integrada de Salud Pacasmayo, Danilo Silva Castro.
El documento fue publicado oficialmente el 23 de abril de 2026.
Hasta la fecha, según la revisión del portal de consultorías de la Contraloría, la situación no habría sido subsanada.
Contexto político y cuestionamientos
El caso ocurre en medio de un escenario político sensible tras las elecciones generales de abril de 2026 y en plena reorganización de fuerzas políticas regionales.
Diversos sectores vienen cuestionando el manejo administrativo de entidades adscritas al Gobierno Regional de La Libertad, especialmente por contrataciones, consultorías y presunto uso político de recursos públicos.
Aunque el informe no establece delitos ni responsabilidades penales, sí deja abierta la posibilidad de futuras investigaciones administrativas o fiscales si se detectan irregularidades mayores.
¿Qué podría ocurrir ahora?
La Contraloría exige que la entidad adopte acciones correctivas y regularice la información pendiente.
De confirmarse inconsistencias en contrataciones o pagos, podrían iniciarse procedimientos administrativos y eventuales investigaciones por parte del Ministerio Público.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre transparencia en el manejo de recursos públicos y el uso de consultorías en instituciones estatales.
