La violencia minera cobró una nueva víctima en la provincia de Pataz. Ericson Pavel Pereda Crusalegui, un vigilante de 43 años y padre de tres hijas, fue asesinado el pasado viernes de al menos tres disparos cuando cumplía su turno de guardia en un campamento minero artesanal, ubicado en el anexo de Uchus, distrito de Tayabamba.
El crimen —según los familiares— fue perpetrado por un minero ilegal con antecedentes, que había amenazado reiteradamente a Pereda para que le permitiera ingresar al socavón a robar mineral. El vigilante, sin embargo, nunca aceptó las intimidaciones. Su negativa terminó costándole la vida.
Un mes de trabajo, una vida truncada
Pereda llevaba apenas un mes trabajando en el campamento como vigilante. Había aceptado el puesto en busca de un ingreso estable para mantener a sus hijas, dos de ellas aún menores de edad. Pero el contexto en el que se desenvolvía era uno de tensión permanente: la mina que custodiaba colindaba con otra, administrada de manera ilegal por el presunto homicida, quien más de una vez le habría advertido que no interfiriera con sus incursiones.
“Le decía que se hiciera el loco, que no ofreciera resistencia cuando entrara al socavón”, relata su prima, visiblemente afectada. “Pero él siempre se negó, decía que su trabajo era cuidar y que por eso le pagaban”.
El viernes, alrededor de las dos de la tarde, la amenaza se concretó. Según testigos, dos hombres armados irrumpieron violentamente en el campamento disparando a quemarropa. Pereda intentó escapar, pero las balas lo alcanzaron apenas comenzó a correr. “También le dispararon a la cocinera y a otros dos trabajadores, pero ellos se salvaron”, añade la familiar.
Tras desatar el infierno en el campamento, los atacantes huyeron a bordo de una camioneta Toyota Hilux roja. Sin embargo, su fuga duró poco: un operativo policial logró interceptarlos más tarde. Uno de los detenidos sería precisamente el minero ilegal que había amenazado al vigilante en varias ocasiones.
Cuando los ronderos de la zona se enteraron de la captura, tomaron la justicia en sus manos: interceptaron a la Policía y se apoderaron del detenido, a quien golpearon antes de devolverlo a las autoridades. Este gesto refleja no solo el dolor y la impotencia de la comunidad, sino también el hartazgo ante la violencia que ha tomado control de las minas de Pataz.
Lo sucedido en Tayabamba no es un caso aislado. La minería ilegal y los conflictos por el control de los socavones han convertido a la provincia en una zona marcada por la violencia. Asesinatos, extorsiones, enfrentamientos y amenazas son parte del día a día para quienes trabajan en los yacimientos.
