El pronunciamiento con el que el Colegio de Abogados de La Libertad (CALL) pretendía respaldar el ejercicio profesional de sus agremiados terminó provocando una fuerte reacción en su propia página de Facebook.
Lejos de recibir únicamente muestras de respaldo, la publicación del 12 de octubre de 2026 acumuló comentarios que cuestionan la oportunidad de la intervención institucional y la actuación del decano Mario Deza Castañeda frente a los ataques dirigidos contra abogados penalistas.
El reclamo más recurrente fue contundente: ¿por qué el Colegio de Abogados esperó hasta después de las elecciones para defender públicamente a sus agremiados?
La controversia adquiere especial relevancia por el contexto electoral reciente. Durante la campaña municipal de Trujillo, el abogado y entonces candidato Robert de la Cruz Rosas fue objeto de cuestionamientos por haber ejercido la defensa legal de personas señaladas por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El ejercicio de la defensa penal, sin embargo, constituye una garantía del debido proceso. Representar judicialmente a una persona investigada o acusada no convierte al abogado en responsable de los hechos atribuidos a su patrocinado.
Ese principio es precisamente el que el Colegio de Abogados decidió reivindicar mediante un comunicado que, para numerosos comentaristas, llegó demasiado tarde.
EL PRONUNCIAMIENTO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA
El documento, fechado en Trujillo el 12 de octubre y difundido por la página institucional del CALL, expresa su respaldo a los abogados que ejercen la defensa en materia penal.
La institución sostiene que ningún profesional debe ser estigmatizado por las causas que defiende ni por ejercer legítimamente la defensa técnica. También rechaza las campañas mediáticas que considera sesgadas o motivadas por intereses ajenos al ejercicio profesional, y reafirma la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia.
Aunque el comunicado aborda principios fundamentales del Estado de derecho, no identifica casos específicos, profesionales afectados ni publicaciones concretas que hayan motivado la reacción institucional. Tampoco explica por qué el pronunciamiento se produjo después del proceso electoral, una circunstancia que concentró buena parte de las críticas.
ROBERT DE LA CRUZ CUESTIONA AL DECANO
Entre las reacciones más directas figura la del abogado y excandidato a la Alcaldía Provincial de Trujillo, Robert de la Cruz Rosas. Desde su cuenta de Facebook, De la Cruz respondió a la publicación institucional con un cuestionamiento dirigido al decano del CALL. “Qué vergüenza de decano. Recién te pronuncias después de ser cómplice con tu silencio”, escribió.
En el mismo comentario, De la Cruz aludió a César Acuña, el líder de Alianza Para el Progreso, a quien identificó como antiguo patrocinado del decano, y cuestionó que el Colegio no hubiera reaccionado oportunamente frente a expresiones que consideró ofensivas para la profesión. También acusó al dirigente gremial de bloquearlo y eliminar sus comentarios en redes sociales.
Su intervención resulta particularmente significativa porque durante la reciente campaña electoral su experiencia como abogado defensor fue utilizada como elemento de cuestionamiento político. La discusión, por tanto, no se limita a una disputa entre un excandidato y un dirigente gremial. Plantea una interrogante sobre el papel de los colegios profesionales cuando sus integrantes son públicamente desacreditados por el tipo de clientes que representan.
«UNA DEFENSA TARDÍA NO ES DEFENSA»
Los cuestionamientos se multiplicaron entre abogados y ciudadanos que consideraron insuficiente la respuesta institucional. Mayra Mariana Navarro León lamentó que el Colegio se pronunciara cuando, según su comentario, ya había pasado el momento de mayor controversia contra Robert de la Cruz. “Yo también asumo defensa penal y eso no me hace una criminal”, escribió.
Isabel Figueroa Sotelo también criticó la demora y sostuvo que defender a una persona, independientemente de quién sea, no convierte al abogado en alguien semejante a su patrocinado. Otros comentarios apuntaron directamente a la oportunidad del pronunciamiento. Ana Valdez Bazán escribió: “Una defensa tardía, no es defensa”.
Alfredo Manuel Galindo Peralta cuestionó: “¿Recién lo hacen? Eso era hace un mes”. Adri Mendoza resumió su posición señalando que el comunicado llegaba después de las elecciones.
Mientras tanto, Giancarlo Yoel Ruiz Rojas se dirigió al decano para preguntarle por qué había esperado tanto tiempo antes de pronunciarse. Estas reacciones, recogidas de las capturas de la publicación institucional, evidencian un malestar entre quienes consideran que la defensa gremial debe ejercerse cuando se producen los cuestionamientos y no únicamente después de que disminuye la controversia pública.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN Y EXIGENCIAS DE MAYOR FIRMEZA
La reacción también alcanzó a la conducción del Colegio de Abogados. Heyner Pérez Murga calificó el comunicado como mediocre, mientras que Luis Kong expresó su vergüenza frente al pronunciamiento. Iris Meza cuestionó la capacidad de representación del decano y sostuvo que la institución había guardado silencio cuando se desacreditaba a profesionales del derecho penal.
Por su parte, Roberto Pablo Yupanqui Charcape planteó la necesidad de realizar acciones colectivas para defender la profesión frente a señalamientos que, según su comentario, equiparan injustamente el trabajo de los penalistas con actividades delictivas. Algunos usuarios también introdujeron cuestionamientos sobre otros asuntos judiciales y sobre la propia gestión institucional.
La coincidencia más visible entre las críticas fue el reclamo de una representación gremial más activa, oportuna y firme.
DEFENDER A UN ACUSADO NO SIGNIFICA DEFENDER EL DELITO
Más allá de las críticas al decano, la controversia pone sobre la mesa una cuestión fundamental para el funcionamiento de la justicia. El derecho de defensa está reconocido en el artículo 139, inciso 14, de la Constitución Política del Perú. Esta garantía permite que toda persona pueda contar con asistencia legal en los procedimientos que enfrenta.
Por ello, el abogado que representa a una persona investigada por homicidio, extorsión, corrupción u otro delito no puede ser considerado responsable de esos hechos únicamente por asumir su defensa.
Esto no impide investigar o sancionar a un abogado cuando existan indicios de que haya participado personalmente en conductas ilícitas. Lo que resulta incompatible con el debido proceso es atribuirle culpabilidad exclusivamente por su relación profesional con un patrocinado.
Precisamente por esa razón, los colegios de abogados tienen una responsabilidad institucional importante en la defensa de la independencia profesional y de las garantías del sistema de justicia.
LAS PREGUNTAS QUE DEBERÁ RESPONDER EL DECANO
El comunicado del CALL no identifica a los abogados que habrían sido afectados ni detalla las acciones concretas que la institución adoptó durante los meses anteriores para protegerlos.
Tampoco informa si se realizaron gestiones ante medios de comunicación, autoridades u otras instituciones para cuestionar eventuales actos de estigmatización. Frente a las críticas, corresponde conocer qué medidas tomó el Consejo Directivo durante la campaña electoral, por qué decidió emitir el pronunciamiento el 12 de octubre y si contempla acciones adicionales para defender el ejercicio profesional.
También resulta pertinente que Mario Deza Castañeda responda a los cuestionamientos formulados públicamente por Robert de la Cruz y otros agremiados.El problema de fondo no es que el Colegio de Abogados haya defendido el derecho de los penalistas a ejercer su profesión. El cuestionamiento es por qué esa defensa institucional se hizo pública recién cuando el proceso electoral había concluido.
La controversia deja una pregunta abierta para la gestión de Mario Deza Castañeda: ¿puede un colegio profesional cumplir eficazmente su función de representación si sus agremiados consideran que su respaldo llega cuando más lo necesitaban ya ha pasado?
