El silencio de la noche del último sábado se vio interrumpido por el estallido de la violencia en el tranquilo centro poblado de Santa Elena, en la provincia de Virú. Sujetos desconocidos, cobijados por las sombras de la oscuridad, perpetraron un ataque a balazos contra la vivienda del alcalde Jorge Julca, sembrando el terror en una comunidad que se veía ajena a los oscuros designios de la delincuencia.
El escenario de este acto delictivo fue la avenida Víctor Raúl, donde la casa del burgomaestre se convirtió en blanco de una violencia desatada y sin justificación aparente. Lo que debía ser un hogar seguro y tranquilo para la familia Julca se convirtió en el epicentro de una tragedia anunciada. El momento del ataque no pudo ser más inoportuno: los hijos del alcalde, dedicados a sus tareas escolares en la sala de la vivienda, se vieron sorprendidos por la lluvia de disparos que atravesaron las paredes y alcanzaron incluso un cuadro, testigo mudo de la violencia desatada.
La familia Julca, en medio del caos y el miedo, tuvo que enfrentar una realidad que no distingue entre autoridades y ciudadanos comunes: la amenaza de la extorsión. El alcalde reveló que, en febrero del año pasado, desconocidos le exigieron una suma considerable de dinero, 5 mil soles, a través de mensajes extorsivos a su celular. Este hecho, lejos de ser un caso aislado, pone de manifiesto la compleja realidad que enfrentan las autoridades locales, vulnerables ante las garras de la delincuencia que se envalentona en el anonimato y la impunidad.
