La jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, se encuentra en el centro de una controversia tras ser denunciada penalmente ante la Fiscalía de la Nación.
La acusación, presentada por Manuel Benjamín Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, pone en tela de juicio la imparcialidad y legalidad de su nombramiento.
Según Ruiz Briones, la designación de Olórtegui Risco mediante resolución administrativa estaría viciada debido a su presunta afiliación al partido político Alianza para el Progreso (APP). Este vínculo político, argumenta el denunciante, comprometería la neutralidad de una institución como la Defensoría del Pueblo, cuyo mandato es velar por los derechos ciudadanos con independencia de cualquier interés partidario.
La denuncia no solo involucra a Olórtegui Risco, sino también al propio Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, quien habría avalado el nombramiento. Ruiz Briones señala que esta situación vulnera los principios de imparcialidad y autonomía institucional, pilares fundamentales de la Defensoría del Pueblo.
El caso ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad civil, que exigen transparencia en los procesos de selección para cargos públicos. La posibilidad de que una autoridad defensorial tenga vínculos partidarios pone en duda su capacidad para actuar con objetividad en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente en contextos de alta polarización política.
La Fiscalía de la Nación tiene ahora la tarea de investigar las acusaciones presentadas por Ruiz Briones y determinar si existieron irregularidades en el nombramiento de Olórtegui Risco.
