En una reciente declaración, Percy Rosario Martell, ex presidente de la Beneficencia Pública de Trujillo y actual presidente del directorio de Sedalib, se pronunció sobre la controversia que rodea la sanción a dos funcionarios de la entidad primera mencionada. A pesar de las discrepancias con el SERVIR sobre el registro de sanciones, Rosario sostiene que sus acciones fueron correctas y basadas en evidencias sólidas proporcionadas por la Contraloría.
Rosario Martell explicó que SERVIR había inicialmente aceptado las sanciones, como lo indica un oficio de marzo, que recomendaba incluir a los funcionarios en el Registro Nacional de Funcionarios Suspendidos. Sin embargo, un oficio posterior del 23 de abril, emitido por el nuevo jefe de SERVIR nombrado el 17 de abril, contradice esta recomendación, señalando que la Beneficencia no puede aplicar estas sanciones por ser un ente de régimen privado.Esta situación ha generado confusión y debate sobre la autoridad y la eficacia de las medidas disciplinarias en entidades que operan en un marco semi-privado. Rosario ha criticado la postura actual de SERVIR y reafirma que las sanciones impuestas son legítimas y necesarias, dado que los funcionarios involucrados estaban suspendidos por cinco años debido a irregularidades administrativas graves.
El conflicto subraya la tensión existente entre la necesidad de mantener la integridad en las instituciones públicas y las limitaciones legales que a veces impiden la ejecución efectiva de sanciones. Rosario Martell, apoyado por documentos y la ley, argumenta que la inhabilitación de los funcionarios es un paso crucial para salvaguardar los intereses de la entidad y evitar futuros abusos.
Además, Rosario recalcó la importancia de estos procedimientos al recordar los casos emblemáticos de mal manejo en la Beneficencia, incluyendo el terreno Paganini y el fundo Santo Tomás. Estos ejemplos, según él, ilustran la necesidad urgente de transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos y propiedades de la entidad.
Rosario Martell declaró que, al referirse que el presidente de la Beneficencia Iván La Riva parece abogado de los funcionarios sancionados, no lo hecho de manera peyorativa contra él, sino en base a la verdad y fundamentado en documentos oficiales. “Me ratifico en lo dicho, porque las resoluciones de las sanciones contra los 2 funcionarios existen, tal como el mismo La Riva lo reconoce que han sido sancionados e inhabilitados por 5 años y no podrán trabajar por lo menos 5 años en la BPT. ¿Dónde entonces esta la falsedad?, Por todo esto me reafirmo en mis declaraciones, expresa Rosario, que actualmente es presidente del directorio de Sedalib.Explicó que se trata de un proceso administrativo disciplinario iniciado por recomendación de la Contraloría, luego de efectuar una investigación, proceso que concluyó con una sanción de 5 años de suspensión en el ejercicio de la función pública para ambos funcionarios y por ley debe ser inscrito en el Registro Nacional de Sanciones Contra los Servidores Civiles, pero que los imputados rechazaron.
Recordó que el año pasado, cuando estaba en funciones como presidente de la Beneficencia Pública de Trujillo, expuso ante el pleno del Concejo Municipal los 4 casos emblemáticos relacionados a malos manejos de las propiedades de la entidad, como son: terreno Paganini, fundo Santo Tomás, cementerio “Jardines de Paz” en Mampuesto) y Club Libertad.
