Las autoridades desarticularon una red de minería ilegal que operaba a plena vista en el Parque Industrial del distrito de La Esperanza, en Trujillo. Lo que parecía una zona de actividad económica formal ocultaba una planta clandestina de procesamiento de minerales, con maquinaria pesada, acopio de oro y polimetálicos, y ninguna licencia que respalde su funcionamiento.
La intervención fue liderada por la División contra la Minería Ilegal y Protección Ambiental de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, encabezada por la fiscal Lastenia Acuña Raza. También participaron la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, SUNAT, y unidades policiales especializadas en delitos ambientales y crimen organizado.
Esta operación se enmarca en el cumplimiento del Decreto Legislativo N.º 1100, que faculta al Estado a intervenir actividades de minería ilegal por representar una grave amenaza ambiental, social y económica.
Los efectivos ingresaron a cuatro establecimientos identificados como puntos de procesamiento clandestino. Lo que encontraron confirmó las denuncias: sacos y big bags cargados de mineral aurífero, toneladas de material acumulado a granel, vehículos con rastros de transporte ilegal y maquinaria de gran escala —chancadoras industriales— funcionando sin permisos ni control ambiental.
“Estamos hablando de una estructura que operaba diariamente, procesando mineral sin trazabilidad, sin medidas de seguridad y sin pagar un solo sol al Estado”, declaró un agente que participó del operativo.
Pero el impacto no solo es económico. El parque industrial está rodeado de zonas residenciales, lo que agrava la situación. Los vecinos estuvieron expuestos, sin saberlo, a la contaminación del aire por partículas tóxicas, el ruido constante de maquinaria y el riesgo de derrames contaminantes en suelos ya vulnerables.
Para los especialistas, esto no es minería artesanal. Se trata de una red organizada con tentáculos que se extienden a la evasión tributaria, el lavado de activos y el empleo informal, muchas veces bajo condiciones cercanas a la esclavitud. «Lo que hemos visto aquí es solo la punta del iceberg de una economía ilegal que crece a la sombra de la formalidad», advirtió un funcionario de Energía y Minas.
La fiscal Acuña confirmó que se ha iniciado una investigación penal preliminar contra los propietarios y operadores de las plantas intervenidas. Los delitos incluyen contaminación ambiental, extracción ilegal de recursos naturales y posesión de maquinaria para minería ilegal, penas que podrían alcanzar hasta ocho años de cárcel.
Además, la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio del Interior ha dispuesto que este tipo de intervenciones se extiendan a otras zonas donde se sospecha que existen operaciones similares, incluso en áreas rurales de La Libertad.
