En un notable esfuerzo coordinado por combatir la minería ilegal en el distrito y provincia de Pataz, la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, en colaboración con la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y apoyo de la Policía Nacional del Perú – DIRMEAMB, ha llevado a cabo una serie de operativos que han culminado en la interdicción de cinco bocaminas ilegales.
Estas operaciones también contaron con el respaldo de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad y otras unidades especializadas, demostrando un esfuerzo integral para erradicar esta actividad ilícita.
Los operativos se concentraron en tres sectores clave de la región: Porfiria Alta, Mangalpa y Romero Pampa, donde se detectaron y cerraron cinco bocaminas que operaban sin las licencias requeridas. En Romero Pampa, las autoridades descubrieron tres bocaminas. La primera, de dos metros de alto por dos metros de ancho, estaba reforzada con parantes de madera rolliza y albergaba un dínamo a unos diez metros de distancia, dentro de un campamento rústico.
La segunda, de dimensiones similares, pero con un marco de madera, contenía un dumper y diversos equipos como vagones mineros, una compresora y un grupo electrógeno. La tercera bocamina, también con estructura de madera, contenía cien sacos de mineral en bruto, lo que evidenciaba la magnitud de la operación ilegal.
En el sector Mangalpa, se realizaron hallazgos similares en dos bocaminas más. Una estaba equipada con infraestructura robusta, ocho motores, y múltiples herramientas que facilitaban la minería a gran escala, incluyendo 350 sacos de mineral en bruto y material explosivo como 900 cartuchos de emulsión y 50 detonadores. La otra bocamina contenía 500 sacos de mineral y también estaba bien equipada con elementos necesarios para la minería, incluyendo un campamento completo con generadores y compresoras.
Estas interdicciones no solo revelan la extensa red de minería ilegal en la región, sino también la sofisticación y el equipamiento con que operan estas minas clandestinas, muchas de las cuales continúan funcionando a pesar de las estrictas regulaciones y los esfuerzos continuos por parte de las autoridades. La acción efectiva bajo el amparo del Decreto Legislativo N° 1100, que regula estas intervenciones, refleja un paso significativo en la lucha contra la minería ilegal, una actividad que no solo degrada el medio ambiente, sino que también socava la economía formal y la gobernabilidad en regiones clave de Perú.
