La minería ilegal de oro en el Perú ha sido durante años una problemática persistente que afecta diversas regiones del país. Un estudio reciente realizado por Videnza Instituto ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Dirigido por Luis Miguel Castilla, el estudio revela que Pataz se encuentra entre las zonas más afectadas por la minería no formal, junto con Piura, Madre de Dios, Puno y la costa de Arequipa.
La investigación de Videnza Instituto expone que en Pataz operan más de 30 plantas de tratamiento de mineral de manera ilegal. Estas instalaciones procesan el oro extraído sin ninguna regulación, creando una cadena clandestina que lleva el mineral desde las minas hasta el mercado. Según el estudio, diariamente salen de Pataz aproximadamente 22 volquetes cargados con hasta 30 toneladas de mineral, lo que suma un total de 3,417 volquetes entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024.
El proceso de comercialización del oro extraído ilegalmente en Pataz es complejo y extenso. Los acopiadores se encuentran en ciudades como Trujillo, Chimbote y Huarmey. Desde estos puntos, el mineral se transporta hacia el sur del país, utilizando la Panamericana Sur hasta llegar a lugares como Nazca, donde se encuentran muchas plantas de transformación. Este recorrido subraya la magnitud y el alcance de la minería ilegal en el Perú.
En una reciente conferencia del Jueves Minero, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, analizó la situación de la minería ilegal en el Perú, destacando a Pataz como una de las principales áreas afectadas. Durante su presentación, Castilla subrayó la necesidad de utilizar el término «minería no formal» para describir esta actividad. Explicó que, aunque mucha de la minería informal se podría considerar ilegal, es importante hacer una distinción para abordar la problemática de manera objetiva.
El estudio de Videnza Instituto identifica cinco ámbitos territoriales de minería aurífera no formal en el Perú. Estos territorios se caracterizan por tener una alta cantidad de derechos mineros registrados en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) y una prevalencia de minería ilegal acompañada de altos índices de inseguridad. Los ámbitos identificados son Pataz, Piura (zona norte limítrofe con el Ecuador), Madre de Dios, Puno y la costa sur, que incluye parte de Arequipa. Estos territorios presentan desafíos socioeconómicos significativos, como bajos índices de desarrollo humano (IDH), mayor pobreza y déficit de acceso a servicios básicos como electricidad y saneamiento.
Para abordar la problemática de la minería ilegal en estas zonas, Luis Miguel Castilla sugirió una serie de estrategias y recomendaciones durante su exposición. Entre ellas, destacó la necesidad de desarrollar estrategias explícitas de desarrollo regional lideradas por el sector minero. Estas estrategias deben estar adaptadas a las realidades específicas de cada territorio. Además, Castilla subrayó la importancia de un abordaje integral de la minería no formal, que tenga en cuenta todos los aspectos del proceso, desde la extracción hasta la comercialización del oro.
Un punto crucial en las recomendaciones de Castilla es el énfasis en los puntos de transformación del mineral. Implementar un sistema de trazabilidad del oro es clave para seguir el rastro del mineral desde su extracción hasta su venta final, lo que contribuiría a reducir las actividades ilegales. Además, Castilla sugirió la eliminación del REINFO como instrumento, ya que en su forma actual otorga una aparente legalidad a actividades que son esencialmente criminales.
El problema de la minería ilegal no solo representa una pérdida económica significativa para el país, sino que también perpetúa una serie de problemas sociales y ambientales. Las comunidades en las zonas afectadas sufren los impactos negativos de esta actividad, incluyendo la degradación ambiental y el aumento de la inseguridad. La implementación de las recomendaciones proporcionadas por Videnza Instituto y la cooperación entre el sector minero, el gobierno y las comunidades locales son esenciales para abordar y mitigar este desafío.
En resumen, la minería ilegal en Pataz y otras regiones del Perú sigue siendo un problema complejo que requiere una atención urgente y un enfoque integral. Los hallazgos del estudio de Videnza Instituto subrayan la necesidad de estrategias de desarrollo regional adaptadas, un sistema de trazabilidad del oro y la eliminación de instrumentos que legalizan actividades ilícitas. Solo a través de la colaboración y la implementación de estas recomendaciones se podrá enfrentar efectivamente la minería ilegal y sus consecuencias en el Perú.
