Un informe de la Contraloría General de la República revela graves irregularidades en la contratación de un local para almacén de bienes por parte de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. (Caja Trujillo), lo cual habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 43,707.00, afectando directamente la correcta administración de recursos públicos.
Según el Informe de Control Posterior N.º 012-2024-2-0955, emitido el 25 de junio de 2024 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Caja Trujillo, el objeto de análisis fue el servicio de alquiler de un local ubicado en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, con un presupuesto total comprometido de S/ 111,000.00.
El objetivo del control fue determinar si la gestión del servicio de almacén se encontraba acorde con las condiciones contractuales y normativas vigentes, y si garantizaba un buen resguardo de los bienes de la entidad.
El informe concluye que el servicio fue aprobado beneficiando directamente a un proveedor, incumpliendo las condiciones técnicas exigidas en la normativa y en los contratos. La contratación se sustentó con información que no se ajustaba a la realidad, generando pagos indebidos.
La documentación analizada demuestra que se aprobaron órdenes de servicio sin verificación técnica del local, sin planos ni criterios de selección comparativos, y en algunos casos sin que el espacio cumpla con medidas mínimas de seguridad y condiciones de uso.
PERJUICIO ECONÓMICO
Estas omisiones, señala el informe, afectaron la correcta gestión de recursos públicos, causando un perjuicio económico de S/ 43,707.00. Este monto representa pagos efectuados por un servicio que no se habría prestado conforme a lo estipulado, sumado a la ausencia de controles administrativos y legales.
La Contraloría ha identificado a cinco funcionarios como presuntamente responsables de los hechos irregulares. Entre ellos figuran: Lizet Marylin Ulloa Jiménez – coordinadora de Patrimonio y Almacén (responsabilidad administrativa y penal), Jorge Enrique Cerna Rebaza – jefe de Logística (responsabilidad administrativa y penal), Enrique Gabriel Castillo Mendoza – asistente de Patrimonio (responsabilidad administrativa), Juan Carlos Colona Sánchez – gerente de Administración (responsabilidad administrativa), Celeste Beatriz Pérez Gonzales – servidora de la entidad (responsabilidad administrativa).
Ante la gravedad de los hechos, el informe recomienda: Iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales contra los funcionarios involucrados, que los órganos con representación legal actúen en defensa del Estado, promoviendo acciones judiciales para la recuperación del daño económico, fortalecer los mecanismos de evaluación técnica y control de contratos en todos los procesos de adquisición y servicios.
SIN VERIFICACIÓN TÉCNICA NI CONTROL DE CALIDAD
De acuerdo con el informe, Caja Trujillo contrató reiteradamente el servicio de alquiler de un local ubicado en la mz. C lote 5 Villa Industrial – El Milagro, desde diciembre de 2020. El local, de propiedad de Jorge Luis Morales Rivera, fue arrendado para el almacenamiento de bienes patrimoniales. Sin embargo, no se habrían cumplido los requisitos técnicos y administrativos mínimos, incluyendo la verificación de planos, distribución de ambientes, condiciones de seguridad, ni participación de personal técnico en la evaluación del servicio.
La contratación se efectuó a través de diez órdenes de servicio y un contrato principal, sin que se transparentaran adecuadamente las condiciones del inmueble. La superficie real utilizada habría sido de solo 458 m², pese a que se pagó por 800 m².
Una de las alertas más graves identificadas por la Contraloría está relacionada con la custodia de los bienes. Según una visita de control realizada el 2 de agosto de 2023 (Informe N.º 014-2023-OCI/0955-SVC), se constató que en los almacenes de la ciudad de Trujillo: “Los bienes muebles en desuso se encuentran hacinados, desordenados y sin medidas de seguridad y control que aseguren su adecuada custodia”.
Se añade que algunos bienes fueron encontrados en condiciones de vulnerabilidad, trasladados a ambientes no autorizados y sin registro ni identificación precisa. Esta situación habría derivado en pérdidas o inconsistencias en el inventario de la entidad.
El informe también detalla que fue la coordinadora de Patrimonio y Almacén, Lizet Marylin Ulloa, quien contactó directamente al propietario del inmueble, lo cual genera sospechas sobre el procedimiento. De hecho, el proveedor confirmó en entrevista: “La Sra. Marylin Ulloa le consultó si tenía o conocía a alguien que cuente con un local para alquilar como almacén, en noviembre de 2020”.
Esta declaración refuerza la hipótesis de que no hubo un proceso competitivo ni se evaluaron otras propuestas, incumpliendo los principios de eficiencia y transparencia en la gestión pública.
Todo comenzó el 16 de diciembre de 2020, cuando la Coordinadora de Patrimonio y Almacén, Lizet Marylin Ulloa Jiménez, remitió un correo electrónico solicitando la aprobación para alquilar un inmueble de 800 m² ubicado en la Mz. C Lote 5 Villa Industrial – El Milagro, propiedad de Jorge Luis Morales Rivera. El contrato fue aprobado ese mismo día por las autoridades de la Caja, con un pago mensual de S/ 1,500.
Lo que parecía una contratación puntual se convirtió en un patrón preocupante: 10 Órdenes de Servicio y 1 contrato se emitieron para alquilar el mismo local, en su mayoría sin que existiera una adecuada verificación técnica de las condiciones del inmueble, sin planos, sin análisis comparativo de proveedores y sin registro de mejora o equivalencia en el servicio.
Pese a las múltiples observaciones, la documentación técnica de sustento (planos, croquis, especificaciones del servicio, etc.) no fue verificada adecuadamente por las áreas responsables, como el Departamento de Logística o la Gerencia de Administración y Operaciones. Además, los responsables de aprobar el servicio no realizaron seguimiento al cumplimiento de los términos del contrato.
Las comunicaciones electrónicas forman parte central de las evidencias. En ellas se demuestra que Ulloa Jiménez propuso directamente al proveedor desde el inicio, coordinando condiciones y montos sin evaluación de alternativas. Incluso, en entrevistas posteriores, el proveedor confirmó que fue ella quien le solicitó el espacio.
En una respuesta al requerimiento de más documentación en abril de 2024, Ulloa alegó que no contaba con correos antiguos ni respaldo técnico debido al cambio de equipos y la pérdida de archivos, lo cual generó aún más dudas sobre la trazabilidad del procedimiento.
Además, se constató que 7 de las 10 órdenes de servicio fueron aprobadas sin documentación sustentatoria completa, y en algunos casos, por un monto duplicado (como en agosto de 2021, cuando el precio mensual subió a S/ 3,000 sin justificación).
La Contraloría concluye que: “No se habría cautelado que la solicitud de requerimiento contenga detalles de planos y/o croquis que aporte mayor detalle del servicio, considerando que no todo el local era de uso exclusivo de Caja Trujillo.”
El informe cierra con una contundente conclusión: la Caja Trujillo habría recibido un servicio de almacenamiento de menor calidad y dimensión de la contratada, y pagado un precio que no se justifica con la realidad verificada. Esta diferencia ocasionó un perjuicio económico directo de S/ 43,707.00.
El caso está en manos del Órgano de Control Institucional, que deberá determinar si corresponde iniciar procesos sancionadores o derivar los hechos al Ministerio Público.
