Cuatro policías, uno de ellos con el grado de teniente, fueron detenidos por supuestamente estar involucrados en el cobro de un soborno de 80 mil soles a un empresario minero a cambio de no incautarle un cargamento de dinamita, no arrestar a sus trabajadores y no dar cuenta al Ministerio Público.

Según las investigaciones, los agentes, además, al parecer, realizaban cobros a las mafias de la minería ilegal que, con la complicidad de organizaciones criminales de Trujillo, están operando y causando el terror en la provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad.

Se trata de Jonathan Napoleón León Espejo (34), Evangelina Rojas Núñez (37), Jean Jairo Pérez Centurión (27), todos ellos suboficiales de la PNP, y el teniente Carlos Alberto Valderrama Pereda (31), quienes no tienen menos de seis a siete años de servicio en la PNP, pero se habían instalado en Pataz con el objetivo de actuar al margen de la ley, en actos ilícitos, según las primeras investigaciones. Los agentes laboraban en la comisaría de Retamas (Pataz). El teniente Valderrama estaba bajo su mando al ser el comisario de esa delegación policial.

Junto a todos ellos fue detenida María Isabel Sánchez Ledezma, de 25 años de edad, quien actuaba como especie de cajera al haber prestado su cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP) para que le transfieran 10 mil soles que los malos agentes supuestamente habían cobrado. A la mujer se la detuvo en Guadalupe (Pacasmayo), donde residía. En tanto que a los efectivos se los intervino en distintas delegaciones policiales a donde, estratégicamente, habían sido derivados para que no puedan borrar pruebas en su contra en Retamas.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales y fiscales, en un primer momento, los malos agentes habían solicitado 80 mil soles para que dejen pasar un cargamento de dinamita, dejarlos libres y no dar cuenta al Ministerio Público.  

La captura de estos policías se produjo bajo la orden de una resolución emitida por la jueza Hilda Isabel Cevallos Bonilla, quien dispuso sus capturas tras revisar y analizar todas las pruebas acumuladas por el Ministerio Público.

A todos ellos se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, cohecho propio condicionado en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado.

El cargamento consistía en 250 cajas de explosivos que eran trasladados desde el sector conocido como El Polvorín del distrito de Cochorcos (Huamachuco) hacia la zona conocida como Casa Blanca.