La madrugada del viernes 2 de mayo, seis internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como «Maranguita», lograron escapar del establecimiento ubicado en San Miguel. Todos son de nacionalidad venezolana: tres de ellos tienen 17 años, dos 18 y uno 19. Los menores de edad cumplían sanciones por delitos cuya naturaleza no fue detallada, mientras que los tres mayores estaban próximos a ser trasladados a penales para adultos.
La fuga fue descubierta gracias a la intervención del serenazgo del distrito, que alertó a las autoridades tras detectar movimientos sospechosos en los exteriores. Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que los seis internos salieron del recinto.
Horas después, el Ministerio Público y la Policía Nacional ordenaron la detención preliminar de nueve trabajadores del centro juvenil: cinco educadores y cuatro agentes de seguridad. Todos permanecerán bajo custodia por 48 horas, mientras duren las diligencias dentro del plazo legal de flagrancia. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Depincri de San Miguel.
Según Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), todo el personal que estuvo de servicio esa noche fue retenido dentro del establecimiento para facilitar las investigaciones. No se descarta que algunos hayan actuado en complicidad. “No es usual que seis internos, al mismo tiempo, se organicen y logren salir. Más de un control de seguridad fue vulnerado. Esto no parece solo una inacción, sino una acción coordinada desde adentro”, declaró.
El funcionario agregó que los cuatro agentes de seguridad detenidos estaban a cargo de las cámaras de vigilancia al momento del escape. Tanto ellos como los educadores intervenidos deberán rendir su declaración.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Guerra Arévalo, defensor de seis de los detenidos, calificó el procedimiento como arbitrario. Señaló que no existen pruebas que vinculen a sus patrocinados con la fuga, y acusó al director del Pronacej de emitir afirmaciones sin sustento. “Decir que por estar en funciones ya son culpables es un error. Las investigaciones deben ir primero, no las acusaciones”, manifestó.
Ante lo ocurrido, el Pronacej anunció la reorganización total de su estructura administrativa. En un comunicado difundido en redes sociales, la institución calificó la fuga como un hecho “sin precedentes” y aseguró que se iniciará una investigación interna para determinar si hubo negligencia o colaboración deliberada por parte del personal.
