En un escándalo que sacude la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Trujillo, cuya sede se ubica en el Complejo Policial de San Andrés, varios agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) están bajo investigación por su presunta participación en actos de corrupción y delitos relacionados con el encubrimiento y manipulación de pruebas a favor de los detenidos, sobre todo sus celulares, donde podrían tener información y contactos que los comprometen con más de una organización criminal y hechos delictivos.
Según un informe confidencial, obtenido en exclusiva por Causa Justa, las irregularidades ocurrieron durante una intervención policial en la que se incautaron equipos de alta tecnología de presuntos delincuentes de dudosa procedencia. Curiosamente, el operativo en cuestión fue presentado en conferencia de prensa como exitoso por el general José Zavala, líder del Comando Policial de La Libertad.
De acuerdo a las pesquisas, los efectivos policiales habrían solicitado sumas de dinero a los detenidos y sus familiares para alterar el destino de las pruebas incautadas y facilitar la liberación de los implicados. Uno de los actores clave en este caso es un policía identificado como Trelles, señalado por supuestamente ofrecer sus servicios para favorecer a los detenidos mediante la entrega de sus equipos incautados a cambio de S/5,000, lo que representa una grave infracción a los principios éticos de la policía. El dinero, finalmente, lo habría cobrado.
El caso ya es investigado por el Ministerio Público. Según las pesquisas, la intervención policial ocurrió el 12 de septiembre de 2024, cuando se incautaron diversos equipos telefónicos y tecnológicos de alta gama. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una intervención de rutina pronto se vio empañado por las revelaciones de que parte de los objetos incautados habían sido entregados de vuelta a los detenidos en condiciones sospechosas.
La investigación destaca que uno de los oficiales involucrado estaría vinculado a la negociación de dichos favores. El agente fue mencionado en la declaración de un informante anónimo, quien aseguró que la familia de los detenidos habría pagado hasta S/10,000 por la liberación de los equipos.
Además, las sospechas de irregularidades en el proceso no terminaron allí. Otros testimonios indican el efectivo policial, identificado como Trelles, habría exigido otros S/5,000 adicionales para asegurar que ciertos equipos, específicamente teléfonos celulares de alta gama, no fuesen incluidos en el registro oficial de la incautación. La complicidad de agentes del «Grupo Terna» también fue mencionada, quienes supuestamente habrían cobrado hasta S/7,000 por la devolución de un equipo incautado.
A NOMBRE DE CORONEL
Se trata de un claro favorecimiento a dos detenidos, identificados con las iniciales de E.A.C.S. y C.D.A.S., ambos investigados por estafa y otros delitos. Las autoridades aseguran que estos individuos, mediante la colaboración de un agente identificado como «Pozo», quien se presentó como un coronel de la PNP, habría negociado desde el interior de las instalaciones policiales la devolución de sus pertenencias (14 celulares y dos laptops) a cambio de sobornos. En el informe, también se señala la participación de otros agentes que facilitaron estas operaciones ilegales.
Uno de los puntos más inquietantes es que estos favores no solo incluyeron la devolución de equipos tecnológicos. Las investigaciones apuntan a que también se ofreció, a cambio de dinero, la posibilidad de influir en el curso de las investigaciones, lo que demuestra la gravedad y el alcance de la corrupción dentro de las fuerzas policiales.
LES DIERON CELULARES
La investigación apunta a que una persona de apellido Chu ingresó a las instalaciones del Complejo Policial de San Andrés con la finalidad de realizar el cambio de equipos telefónicos de la intervención que fue realizada por el grupo Terna, lo cual condice con la versión de uno de los detenidos en el sentido de que durante la intervención se habían extraviado entres tres o cuatro teléfonos de alta gama.
La investigación arroja de que los agentes del grupo Terna, que ejecutaron la intervención. también habrían cobrado lo suyo al haber recibido 7 mil soles de la familia de los detenidos y un equipo de alta gama para cada efectivo que intervino en el operativo.
CON “LOS PULPOS”
Semanas atrás, en declaración a los medios de comunicación, el coronel Percy Huapaya, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), se pronunció sobre las acusaciones que sugieren que algunos agentes de la unidad policial podrían estar relacionados con bandas delictivas. Huapaya no descartó la posibilidad de que existan malos elementos dentro de la institución, pero subrayó que aún no se ha comprobado ninguna vinculación.
Estas declaraciones surgen a raíz de las acusaciones de Enrique Miguel Blas Rodríguez, alias «Negrasho», quien señaló ante la Fiscalía que algunos efectivos de la Divincri, ubicada en la urbanización San Andrés, estarían colaborando con la organización criminal «Los Pulpos». Según su testimonio, el lider de la banda, Jhonson Cruz Torres, alias «Jhonson», mantiene informantes dentro de la unidad policial y les paga una mensualidad a cambio de protección.
Blas Rodríguez, considerado uno de los sicarios más importantes de la organización criminal, fue detenido en abril de 2024, acusado de múltiples homicidios. En sus declaraciones, detalló que «Jhonson» habría advertido a otros miembros de la banda, como «Bolón», sobre operativos policiales, lo que permitió que estos escaparan antes de ser capturados.
El coronel Huapaya reconoció que es posible que existan malos elementos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero enfatizó que no se puede afirmar nada hasta que las investigaciones concluyan. «No descarto que haya malos elementos, en todas las instituciones los hay», mencionó el oficial, pero aclaró que cualquier denuncia debe ser investigada y que la Fiscalía tiene la responsabilidad de revelar si existen pruebas contundentes.
