Lo que antes parecía una amenaza lejana se ha convertido en una cruda realidad: los fusiles AR-15, conocidos por su letalidad en matanzas en Estados Unidos, han llegado a Trujillo y están siendo utilizados por bandas criminales para extorsionar y amedrentar a transportistas.
Este tipo de armamento, que por ley, paradójicamente, en Perú está clasificado como arma de caza y seguridad en zonas rurales, ha pasado de ser un recurso en la minería ilegal de Pataz a convertirse en una herramienta de terror en las calles de la ciudad.
UN VACÍO LEGAL
El AR-15 es un rifle semiautomático de alta precisión y gran alcance, que en muchos países es considerado de uso militar y restringido. Sin embargo, en el Perú, la legislación permite su adquisición con licencia para actividades de caza y protección en áreas rurales. Esto ha permitido que delincuentes con antecedentes policiales y penales accedan a este tipo de armamento de manera aparentemente legal por la carencia de filtros que existen.
Los criminales ya no solo dependen de pistolas y revólveres para sus fechorías, sino que ahora portan armamento de guerra para imponer su dominio. Las investigaciones revelan que estos fusiles han sido traficados desde el mercado negro y adquiridos a través de registros legales laxos.
TERROR EN LAS RUTAS
Uno de los casos más alarmantes es el de la empresa de transportes Nueva California, que cubre la ruta Trujillo-La Esperanza. En un video reciente obtenido por Causa Justa, se observa a un grupo de delincuentes encapuchados, empuñando fusiles AR-15, lanzando amenazas directas contra los choferes de la empresa. La advertencia es clara: si no pagan los cupos extorsivos exigidos, serán blanco de ataques.
Estos hechos han puesto en jaque a los transportistas, quienes diariamente deben enfrentar la posibilidad de ser víctimas de ataques armados. Los sindicatos de transporte han elevado su voz de protesta, exigiendo mayor intervención del Estado para frenar la proliferación de armas de alto calibre en manos del crimen organizado.
El uso de armas largas no es un fenómeno nuevo en el país. Durante años, la minería ilegal en Pataz ha sido un epicentro de violencia, donde bandas criminales armadas con fusiles AR-15 han impuesto su dominio sobre territorios ricos en oro. Con el tiempo, estas mafias han expandido su radio de acción, trasladando su poder de fuego a las ciudades.
Los informes policiales indican que estos grupos han encontrado en la extorsión una fuente de financiamiento constante. Al verse amenazados, los empresarios y trabajadores del transporte prefieren pagar antes que arriesgar sus vidas. Así, el crimen organizado ha logrado establecer un sistema de terror en el que las armas de guerra juegan un papel fundamental.
A pesar de las denuncias y las crecientes evidencias sobre el uso de fusiles AR-15 en extorsiones y crímenes violentos, las autoridades aún no han tomado medidas concretas para frenar esta problemática. La Policía Nacional ha realizado operativos para decomisar armamento, pero el problema radica en la facilidad con la que estos rifles pueden ser adquiridos legalmente.
A pesar del peligro, los congresistas liberteños han sido duramente criticado por su inacción ante este problema. Legisladores y especialistas en seguridad han advertido en repetidas ocasiones que el vacío legal sobre la posesión de armas de caza está siendo aprovechado por el crimen organizado. Sin embargo, no se han propuesto reformas efectivas para restringir su acceso.
La presencia de fusiles AR-15 en manos de delincuentes marca un antes y un después en la crisis de seguridad que enfrenta Trujillo. Lo que antes era un problema focalizado en la minería ilegal, ahora es una amenaza latente en las calles de la ciudad.
