En su más reciente mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte hizo un gesto que, para muchos, dijo más que cualquier palabra: guardó silencio frente a la amenaza más grave que enfrenta hoy la seguridad interna del país, la minería ilegal. A pesar de su crecimiento descontrolado, de sus vínculos con el crimen organizado y de su impacto ambiental, Boluarte apenas la mencionó seis veces en todo su discurso. Y lo hizo, además, sin anuncios concretos.
El gesto no ha pasado desapercibido. Organismos especializados, sectores de la prensa independiente y líderes sociales señalan que el silencio presidencial no es casual, sino que responde a una estrategia de protección de los intereses políticos que sostienen al Ejecutivo en el Congreso. Y esos intereses —coinciden varios analistas— tienen nombre propio: minería informal, Reinfo, oro ilegal y mafias regionales.
Pocas menciones, ninguna acción
En su discurso, Boluarte se limitó a decir que existe una “estrategia nacional” contra la minería ilegal y que se han realizado operativos en Pataz (La Libertad) y Madre de Dios, generando “pérdidas por 181 millones de soles” a organizaciones criminales. Pero no mencionó nuevas medidas, no habló de inteligencia financiera, no nombró al lavado de activos, y no propuso reformas institucionales.
En un país donde, según Ipsos, el 81 % de la población considera a la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional, ese vacío es alarmante. La misma encuesta revela que los peruanos la vinculan directamente con trata de personas, extorsión, deforestación y lavado de activos. ¿Cómo explicar entonces la tibieza del mensaje presidencial?
El factor Congreso: aliados con intereses mineros
La respuesta está en la fragilidad del gobierno y en la necesidad de Dina Boluarte de mantener el respaldo congresal que le da estabilidad. Ese respaldo, hoy, está en gran parte en manos de congresistas con vínculos formales e informales con el sector minero artesanal, informal o ilegal, especialmente en regiones como La Libertad, Madre de Dios, Puno, Cusco y Arequipa.
Desde el Congreso se ha aprobado en el último año un paquete de leyes que ha significado un retroceso de más de una década en la lucha contra la minería ilegal, denuncian expertos como César Ipenza, Ana Leyva y Vanessa Cueto. La presidenta no solo no las ha observado: las ha promulgado con premura.
Retrocesos normativos aprobados con aval del Ejecutivo
Entre las leyes más cuestionadas están:
Ley 31973: amplía los plazos de formalización minera sin exigir avances reales en la adecuación ambiental.
Modificación de la Ley Forestal: permite el uso de tierras con alto valor ecológico para actividades extractivas.
Eliminación de sanciones penales para el transporte de insumos químicos, facilitando la cadena logística del oro ilegal.
Recorte presupuestal para operativos de interdicción.
Reforma que debilita la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dificultando el rastreo del dinero ilícito.
En conjunto, estas medidas crean un marco normativo laxo, que facilita la expansión de la minería ilegal bajo la etiqueta de “formalizables”, sin incentivos reales para ingresar a la legalidad. Para los especialistas, no se trata de errores técnicos, sino de concesiones políticas deliberadas.
La próxima amenaza: la nueva Ley de Minería Artesanal (MAPE)
En los próximos días, el Congreso debatirá la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Tal como está redactada, abre aún más la puerta a las mafias al reducir exigencias ambientales y administrativas, lo que permitiría camuflar operaciones ilegales como “formalizables”.
Desde diversos sectores ya se advierte que esta ley podría institucionalizar la impunidad, permitir que las bandas se beneficien de beneficios tributarios y consolidar el control de rutas, socavones y corredores del oro por parte del crimen organizado.
Un gobierno de espaldas a la seguridad nacional
El silencio de Dina Boluarte no solo refleja una decisión política. Refleja una desconexión con la ciudadanía, que ve cómo las instituciones retroceden ante el avance de las economías ilegales. Mientras las autoridades locales, como en Pataz, claman por apoyo estatal para frenar el control territorial de bandas armadas, el Ejecutivo responde con discursos vacíos y complicidad normativa.
La minería ilegal ya no es una actividad marginal. Es el nuevo motor de acumulación ilícita en el Perú: financia sicarios, desangra territorios, corrompe autoridades y reemplaza al Estado en zonas rurales. Y el actual régimen parece más preocupado por sostenerse que por combatirla.
