En un acto político que congregó a militantes y dirigentes locales, Elías Rodríguez Zavaleta, líder nacional de Podemos Perú y precandidato al Gobierno Regional de La Libertad, juramentó al Comité Provincial de Trujillo de su agrupación. Frente a la dirigencia y al público, Rodríguez emplazó a las autoridades regionales y nacionales y aseguró que, de llegar al gobierno regional, su primera prioridad será imponer una estrategia frontal contra las organizaciones criminales que operan en la zona.
La ceremonia, encabezada por el consejero regional Robert de la Cruz Rosas como presidente del nuevo comité, tuvo un tono combativo. Rodríguez Zavaleta criticó con dureza la gestión de la fuerza política que hoy gobierna la región y lanzó una prédica directa contra lo que llamó la “impunidad estructural” que, según él, alimenta a las bandas delictivas. “Les declararé la guerra a las organizaciones criminales desde el primer día”, afirmó, y prometió que no tomará vacaciones mientras dure su mandato. Con esa frase buscó transmitir la idea de una administración de mano firme y disponibilidad absoluta para enfrentar la inseguridad.
El dirigente presidencializado por Podemos Perú puso además sobre la mesa un diagnóstico político. Criticó lo que definió como una sucesión de omisiones y promesas incumplidas por parte de la actual gestión regional, y no vaciló en formular una previsión política: aseguró que, antes del 13 de octubre, el gobernador César Acuña renunciaría “para ir a la presidencia”, un anticipo que, en su lectura, marcaría el comienzo del fin de la influencia de Alianza para el Progreso en La Libertad. Ese pronóstico, más allá de su valor como anuncio, buscó reforzar su mensaje de cambio urgente y de quiebre con el status quo regional.
El telón de fondo de estas expresiones es la sensación de alarmante deterioro de la seguridad en La Libertad. En los discursos se mezclaron apelaciones al hartazgo ciudadano, registros de atentados con explosivos en zonas urbanas, y la mención a medidas extraordinarias que han marcado la agenda local durante los últimos meses. Rodríguez culpó a la corrupción, a la ineficacia institucional y a la insuficiente reforma interna de las fuerzas de seguridad como factores que explican por qué, a su juicio, no se ha contenido la violencia organizada. Su oferta apunta a una combinación de mayor impulso a la inteligencia policial, coordinación directa con las Fuerzas Armadas en operaciones puntuales y una administración regional que, dijo, “no tolerará pactos ni complicidades”.
Las reacciones entre autoridades y actores locales fueron mixtas. Simpatizantes aplaudieron su discurso enérgico y lo calificaron como el tipo de liderazgo que la región necesita para salir de la espiral de violencia. En contraste, voces críticas señalaron que los anuncios electorales de mano dura resultan insuficientes sin un plan realista que respete los marcos legales y garantice respeto a los derechos. Observadores políticos recordaron que promesas semejantes en otros contextos han tropezado con la falta de recursos, con la complejidad institucional y con la necesidad de reformas profundas que tardan años en dar frutos.
La promesa de Rodríguez también plantea preguntas concretas sobre el cómo. Su afirmación de “declarar la guerra” a las organizaciones criminales plantea la necesidad de conocer en detalle el diseño operativo, el presupuesto necesario, los mecanismos de supervisión y las garantías para que la acción del Estado no derive en violaciones a derechos fundamentales. En el pasado reciente, la región ha vivido la aplicación de estados de emergencia y la coordinación con las Fuerzas Armadas en operativos, con resultados mixtos y un intenso debate público acerca de su eficacia a mediano plazo.
La llegada de Podemos Perú a la escena regional, materializada en la juramentación de su Comité Provincial, no solo es un movimiento de aparato partidario: es una jugada política con aspiraciones de consolidar apoyo local antes de una campaña mayor. La presencia de Robert de la Cruz al frente del comité reforzó el carácter local del acto, mientras que las declaraciones del líder nacional buscaron conectar el malestar ciudadano con una narrativa de urgencia y campaña.
De cara al electorado, la oferta de Rodríguez tendrá que probar dos cosas: primero, que dispone de propuestas técnicas y equipos capaces de coordinar seguridad, justicia y desarrollo social; y segundo, que su discurso de ruptura con el poder regional se traduce en medidas concretas para mejorar la vida cotidiana, no solo en consignas. En los próximos días será clave observar si su campaña publica un plan funcional que detalle recursos, plazos y acuerdos institucionales, y si logra convertir la energía del mitin en compromisos verificables. Mientras tanto, el ambiente político en La Libertad entra en una fase de mayor tensión. Las afirmaciones acerca del destino político de César Acuña y la promesa de “guerra” contra las mafias colocan a la agenda de seguridad en el centro del debate electoral. Para los ciudadanos, el desafío es claro: distinguir entre propuestas retóricas que buscan capital político y planes con sustento técnico que puedan, efectivamente, reducir la violencia sin debilitar las garantías democráticas.
