La situación de inseguridad en Trujillo parece no tener límites, y ahora una empresa de transporte, E.T. Ramiro Prialé, decidió suspender su servicio al público por la amenaza constante de extorsionadores.
Esta compañía, que cubre la ruta entre La Esperanza, Florencia de Mora y Trujillo, anunció la suspensión de su servicio a menos de una semana de haber regresado a sus actividades tras una pausa, debido a los crecientes actos de violencia.
A través de un comunicado, la empresa lamentó profundamente la situación, asegurando que «lamentamos no poder ser parte de su ruta diaria y pedimos a nuestros usuarios que comprendan la situación que se escapa de nuestras manos». Esta decisión surge como una medida de protección para sus trabajadores y pasajeros, en medio de una ola de extorsiones que ha obligado a varias empresas de transporte a tomar acciones drásticas para salvaguardar su seguridad.
El contexto es alarmante. Hace apenas unos días, el gerente de E.T. Ramiro Prialé denunció públicamente que su empresa estaba siendo extorsionada. Los delincuentes han exigido la suma de 30,000 soles como «cuota» para permitir que la compañía opere sin sufrir ataques. Sin embargo, a pesar de que esta información ha sido puesta en conocimiento de las autoridades, la violencia no se ha detenido. El propio gerente informó que la semana pasada detonaron un explosivo en las instalaciones de la empresa y, esta misma mañana, los extorsionadores dejaron un cartucho de dinamita en una de las puertas de la compañía en el distrito de La Esperanza.
La situación ha generado una gran preocupación entre los usuarios y la ciudadanía en general. Los transportistas de la región están viviendo una verdadera pesadilla, enfrentando amenazas de muerte y atentados constantes que ponen en riesgo sus vidas y sus ingresos. En este contexto, muchos han decidido no salir a trabajar, mientras otros consideran la posibilidad de abandonar la actividad de manera definitiva.
Las extorsiones no son una novedad en Trujillo. Durante los últimos años, esta práctica delictiva ha ido ganando terreno, convirtiéndose en un flagelo que afecta no solo al sector del transporte, sino a diversos rubros de la economía local. Los delincuentes operan bajo el mismo modus operandi: exigen sumas exorbitantes de dinero a cambio de «protección» y, en caso de no recibir el pago, amenazan con atentados que pueden ir desde disparos hasta explosiones. Este tipo de intimidación ha obligado a muchas empresas a cerrar sus puertas y a muchas familias a vivir en constante miedo.
