En el sector Nuevo Indoamérica, ubicado en la parte alta del distrito de La Esperanza, decenas de familias duermen más tranquilas desde inicios de este año. ¿El motivo? Se canalizó una vía crítica que, ante lluvias intensas, solía convertirse en un torrente que inundaba casas y arrastraba pertenencias. Sin embargo, la tranquilidad de esas familias contrasta con la preocupación de quien ejecutó el servicio.
Hersen Lapiz Pinedo, representante legal del Consorcio San José, denuncia que el Gobierno Regional de La Libertad le debe 79 mil soles por esa obra de canalización, ejecutada a inicios de año para prevenir desastres en una zona vulnerable al desborde de quebradas.
“Cumplimos con nuestro trabajo de manera íntegra y responsable. La limpieza y canalización fue realizada en los plazos acordados, y ayudó a evitar que el agua de las lluvias entre a las viviendas. Pero hasta hoy, no nos pagan”, expresó Lapiz con indignación, mientras muestra los documentos firmados y sellados que avalarían la correcta ejecución del servicio.
El consorcio no es una gran empresa con espaldas financieras gigantescas. “Necesitamos ese dinero para pagar a nuestros trabajadores y cumplir con nuestros compromisos. Nos están dejando en una situación insostenible”, lamenta Lapiz Pinedo. La obra ejecutada se realizó en condiciones de emergencia y con recursos propios, confiando en que el gobierno regional cumpliría con su parte.
Sin embargo, según denuncia el empresario, la arquitecta Cynthia del Carmen Lozano Tamay, quien figura como inspectora de servicio por parte del Gobierno Regional de La Libertad, se ha negado a otorgar el visto bueno final, bloqueando el proceso de pago.
¿Omisión de funciones?
Lapiz asegura que la arquitecta Lozano incumplió funciones clave durante la ejecución del trabajo. “Su obligación era estar presente, hacer seguimiento, responder los comunicados del residente de la obra, y dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de servicio”, señala, citando la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225).
Afirma que, pese a los reiterados intentos de comunicación y solicitud formal de recepción del servicio, no se ha registrado una respuesta oficial. “No puede ser que, por omisión o desinterés de una funcionaria, toda una cadena de pagos se vea afectada, incluyendo obreros que trabajaron bajo el sol, entre escombros y lodo”, advierte.
Advertencia de denuncia penal
Ante la falta de respuesta, el representante del Consorcio San José anunció que se acogerá a lo estipulado en el artículo 377 del Código Penal, que sanciona la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. “Nos veremos obligados a presentar una denuncia penal contra la arquitecta Lozano Tamay. No se trata solo de dinero, se trata de respeto por el trabajo cumplido y por las leyes”, remarcó.
Según dicho artículo, cualquier funcionario que omita deliberadamente un acto de su cargo puede ser sancionado con pena privativa de libertad de hasta dos años y multa de 30 a 60 días.
Un llamado al gobernador Acuña
El empresario solicitó la intervención directa del gobernador regional, César Acuña Peralta. “Lo que hicimos no fue solo una obra. Fue una acción preventiva que evitó que cientos de familias pierdan lo poco que tienen. Pedimos que el gobernador investigue qué está pasando y por qué no nos quieren pagar”, expresó.
La vía canalizada se ubica en una zona crítica, cercana a la quebrada Cabras, desde donde el pasado sábado 29 de marzo bajó una importante cantidad de agua que —gracias a la canalización— no ingresó a las viviendas.
