La Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Penal Nacional comenzó la fase final del larguísimo proceso a la familia liberteña Sánchez Paredes, acusados de un presunto delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico que habría cometido en los años ’90.
En el proceso están comprendidos los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, su sobrino Fidel Sánchez Alayo, el administrador de compañía minera aurífera Santa Rosa (Comarsa), Jesús Esteves Ostoloza y siete empresas mineras, ganaderas y de transporte.}
La sentencia, de acuerdo a lo que se avanzó en los últimos 15 años que lleva este juicio, se estaría dictando entre marzo o abril de este año. El caso está a cargop de la Sala Penal Liquidadora, integrada por los jueces Juan Santillán Tuesta, Máximo Maguiña Castro y Francisco Mendoza Ayma. El proceso está en alegatos finales de cada una de las partes procesales.
Desde el Ministerio Público, como prueba del delito que habrían cometido están los peritajes contables y económicos realizados a su patrimonio de los acusados, quienes sin investigados desde el 2007. Los abogados de los procesados también han presentado unos 35 peritajes, según dio cuenta el diario La República.
La Fiscalía acusa a los Sánchez Paredes de haber fundado y desarrollado la compañía minera aurífera Santa Rosa (Comarsa), con ingresos provenientes del narcotráfico en el Perú y México, a partir del hecho que Simón y Perciles Sánchez Paredes, asesinados en 1987 y 1991, respectivamente, habrían estado involucrados en tráfico ilícito de drogas.
Simón Sánchez murió en México y nunca fue investigado por narcotráfico. Perciles murió en el Perú, tiempo después que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de cargos de narcotráfico.
En su defensa, los Sánchez Paredes han señalado que su fortuna nació de actividades pesqueras, de transporte interprovincial, inmobiliarias, venta y distribución de cerveza y otros productos, inmuebles, vehículos y, posteriormente, créditos bancarios.
La Fiscalía ofreció como prueba pericial contable para juicio 12 informes contables elaborados por oficiales de la Dirandro y otros dos informes económicos referidos a Santos Orlando y Manuel Sánchez, elaborados por los economistas Julio Moreno Vargas y Edgar Elorrieta.
