El Congreso de la República volvió a colocar a la minería ilegal en el centro del debate nacional. El martes, la Comisión de Energía y Minas aprobó —con apoyo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú y Juntos por el Perú— un dictamen que amplía por dos años adicionales el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y reincorpora a más de 50 000 mineros excluidos del proceso.
Lo preocupante no es solo la decisión, sino el modo en que se tomó: la votación fue “con cargo a redacción”, es decir, sin un documento final revisado, sin evaluación técnica concluida y sin transparencia sobre los cambios incorporados. La norma podría llegar al pleno en cualquier momento, casi como una formalidad, porque los votos para aprobarla ya existirían.
Un mecanismo fallido
El REINFO nació en 2012 como una herramienta temporal para formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, en casi una década ha fracasado rotundamente: apenas el 2,4 % de los inscritos culminó un proceso de formalización real.
Lo que debía ser una vía para integrar a los mineros al marco legal se convirtió, según informes de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo e investigaciones periodísticas, en una pantalla utilizada por operadores ilegales para continuar sus actividades bajo apariencia de legalidad.
Se inscriben, no avanzan, pero extraen, contaminan, emplean explosivos, mueven millones y operan como si fueran legales, mientras el Estado mira sin capacidad de fiscalizar.
En mayo de este año, cinco congresistas se destacaron por respaldar dicha ampliación, lo cual ha generado controversia en un territorio sacudido por la violencia minera, la informalidad y los altos costos sociales que la industria extractiva deja en poblaciones como Pataz.
Los cinco parlamentarios liberteños que votaron a favor fueron: Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), Diego Bazán Calderón (Avanza País), Juan Burgos Oliveros (No agrupado), Héctor Acuña Peralta (Unidad y Diálogo Parlamentario) y Carlos Alva Rojas (Acción Popular). Hoy los mismos actores vuelven a escena, ad portas de las elecciones. Bazán, Acuña y Alva se han mostrado abiertamente para postular al Senado.
Queda por ver si volverán a respaldar este modelo cuando el nuevo dictamen llegue al pleno. Si se aprueba —y todo indica que así será— el próximo gobierno tendrá que convivir con el avance de la minería ilegal, asociada al sicariato, extorsiones, crímenes, usurpación de tierras indígenas y destrucción de bosques, ríos, áreas naturales protegidas y sitios arqueológicos.
Todo esto ocurre en pleno inicio de la campaña electoral y mientras estudios como el del Centro Wiñaq muestran que más del 70 % de los peruanos cree que la minería ilegal influye negativamente en el Parlamento, y un porcentaje similar considera que algunos congresistas reciben dinero de esta actividad ilícita.
La coincidencia temporal entre ampliación del REINFO y campaña electoral no es casual tampoco: varias organizaciones mineras informales constituyen bases políticas, territoriales y económicas para congresistas que buscan reelección o reposicionamiento.
Según estimaciones de organismos especializados en crimen organizado, entre 2015 y 2025 la minería ilegal blanqueó más de 22 000 millones de dólares.
Ese poder económico se traduce en: financiamiento político, cooptación de autoridades locales, redes de tráfico de explosivos, control territorial por mafias y asesinatos y extorsiones.
No es casual que regiones como Pataz, La Libertad, estén militarizadas por episodios de violencia extrema vinculados a la minería informal e ilegal: sicariato, emboscadas, secuestros, minería a tajo abierto sin control y destrucción de cuencas completas.
En este contexto, ampliar el REINFO equivale a liberar aire para organizaciones criminales. Las cifras del Centro Wiñaq —una de las encuestadoras con mayor foco en análisis político— revelan que más del 70 % de peruanos cree que la minería ilegal influye negativamente en el Congreso, y un porcentaje similar considera que algunos congresistas reciben dinero de esa actividad ilícitaEl costo político, ambiental y social será enorme. Pese a que el REINFO ha fracasado demostrablemente —formalizando a menos del 3 %— el Parlamento vuelve a insistir. El interés político pesa más que la evidencia, el territorio o la vida.
Decisión de congresistas liberteños es crucial para definir el futuro de Pataz
