La violencia en el ande liberteño evidencia nuevamente la fragilidad del control estatal. Desde el 1 de septiembre, una banda criminal mantiene ocupada la mina Francés, ubicada en la provincia de Pataz, pese al estado de emergencia vigente y los operativos desplegados por las Fuerzas Armadas.
Los invasores, fuertemente armados y con acceso a armamento de guerra, se han enfrentado a las fuerzas del orden en repetidas ocasiones, sin que hasta la fecha se logre recuperar el control total de la zona.
El operativo más reciente se llevó a cabo el 3 de septiembre y dejó como saldo a tres militares gravemente heridos. Aunque se incautó material explosivo, la intervención no consiguió desalojar a los delincuentes.
La situación es aún más crítica porque, días antes, se informó que la mina había sido recuperada. Sin embargo, trabajadores que intentaron ingresar fueron atacados nuevamente, confirmando que la ocupación sigue en pie y que el control estatal en la zona es frágil.
El intento de desalojo programado para el 6 de septiembre fue suspendido de manera abrupta, presuntamente por una orden del fiscal Limber Malqui, lo que generó preocupación en pobladores y autoridades locales. La suspensión dejó a la zona nuevamente sin presencia del Estado, permitiendo que los invasores continúen operando con libertad.
El 7 de septiembre, la administradora Edith Rojas Sánchez denunció que maquinaria tipo Scoop seguía operando dentro de la mina ocupada. Señaló la posible implicancia directa del minero Luis Javier Chacón Centurión, cuyo contrato con la empresa Poderosa aún está vigente, pese a no contar con autorización en el REINFO.
Esta revelación ha encendido las alarmas sobre presuntos vínculos entre empresarios locales y los ocupantes ilegales, lo que explicaría la capacidad logística y operativa de los invasores.
El Gobierno decretó el estado de emergencia en Pataz el 7 de agosto, autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir directamente en el orden interno. Sin embargo, la permanencia de los delincuentes en la mina Francés refleja la ineficacia de la estrategia estatal frente al crimen organizado en la región.
Mientras tanto, la población de Pataz vive entre la incertidumbre y el temor, sin garantías reales de seguridad ni una solución clara a corto plazo.
