La lucha contra la corrupción interna en las fuerzas del orden ha sumado un nuevo capítulo. El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, Walter Palomino, exjefe del Grupo Terna de Lima y con funciones de alta jerarquía en la Divincri e Inteligencia de Trujillo, fue detenido en las últimas horas durante un operativo nacional ejecutado por la propia Policía.
La acción forma parte de una investigación que involucra a nueve agentes policiales acusados de integrar una presunta organización criminal denominada “Los Incorregibles de San Juan de Miraflores”, dedicada al favorecimiento indebido de internos del sistema penitenciario y posiblemente vinculada al crimen organizado.
De acuerdo con la nota informativa dirigida al inspector general de la PNP, teniente general Jhonny Veliz Noriega, la detención de los implicados fue autorizada y ejecutada con base en las pruebas recabadas por la fiscalía y unidades especializadas. En la lista figura Walter Palomino, quien había sido recientemente pasado al retiro el 1 de enero de 2025, según resolución firmada por el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez.
Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la red operaba desde dentro de la institución, facilitando beneficios indebidos a criminales presos a cambio de favores o pagos, alterando así el normal funcionamiento de la seguridad penitenciaria y el sistema judicial.
La detención de un coronel que ocupó cargos claves en Lima y Trujillo ha generado gran preocupación, especialmente por su paso por unidades especializadas en lucha contra el crimen organizado, como el Grupo Terna y la División de Inteligencia Criminal.
Entre los detenidos figuran varios suboficiales técnicos de primera y segunda, identificados como: Darío Mendoza Curi, Luis Alberto Quispe Callohuanca, Carlos Miranda Benavides, Rubén Escobar Quispe, Wilder Polo Falcón, Julio Hilario Huamán, Miguel Ángel Tineo Guzmán y Ángel Grados Zevallos. Todos enfrentan graves acusaciones por delitos vinculados a la corrupción y organización criminal, luego de haberse evidenciado coordinaciones para favorecer a bandas delictivas a cambio de sobornos.
La investigación, liderada por la Inspectoría General y respaldada por resoluciones judiciales, incluyó intervenciones a celdas del penal de Ancón, donde se encontraron evidencias de contacto entre los efectivos involucrados y extorsionadores ya condenados. Destaca el caso de tres exsuboficiales: Luis Cotrina Pereda, Eduardo Calderón Fuentes y Edward Revalo Geldres, cuyas celdas fueron registradas ante indicios de que continuaban coordinando actos delictivos desde prisión, en complicidad con sus excolegas en libertad.
El operativo de detención preliminar, ejecutado el lunes 5 de agosto de 2025, ha expuesto con crudeza cómo varios efectivos policiales —algunos en actividad, otros ya retirados— habrían operado durante meses bajo la lógica del delito, actuando desde las entrañas mismas del sistema.
Los implicados, entre ellos un coronel en retiro y agentes pertenecientes a diversas unidades de la Policía Nacional, están acusados de conformar una organización criminal dedicada al cobro de coimas, falsificación de documentos, encubrimiento de actividades ilícitas y posible colaboración con delincuentes aún recluidos en penales como Ancón. La operación fue liderada por la División de Inteligencia de la Inspectoría General (DIVIIG-IGPNP), en estrecha coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur y la División de Alta Complejidad (DIVIAC). La intervención fue el resultado de un largo proceso de seguimiento y videovigilancia iniciado en 2022.
Desde el inicio de la operación, los agentes especiales se desplegaron simultáneamente en diferentes puntos de Lima Metropolitana, así como en las regiones de Loreto, Áncash y Cañete. También se ingresó a celdas del penal de Ancón, donde permanecen tres exefectivos implicados en la misma red delictiva. Lo más grave de este caso es que muchos de los hechos presuntamente delictivos se cometieron desde dentro de las propias comisarías y unidades especializadas de investigación criminal, lo que plantea serias preguntas sobre los mecanismos de control interno dentro de la institución.
Las diligencias incluyeron el allanamiento de trece domicilios, comisarías y unidades como DEPINCRI VES, DEPINCRI SJM, Brigada Especial contra el Crimen y la comisaría de Dulanto en el Callao. En paralelo, se activaron acciones judiciales en las ciudades de Iquitos, Casma y Cañete, lo que sugiere que la organización habría tenido ramificaciones a nivel nacional. Aunque las evidencias incautadas aún se encuentran bajo evaluación, se presume que entre los objetos decomisados hay dispositivos electrónicos, documentación y pruebas que comprometerían gravemente a los involucrados.
Por ahora, los detenidos permanecen bajo custodia, mientras el Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas que permitan formalizar acusaciones. La sociedad espera respuestas. Pero, sobre todo, espera que esta vez la justicia actúe con firmeza, sin pactos ni dilaciones. Porque cuando quienes deben proteger a la población se convierten en sus verdugos, el verdadero peligro no está en las calles, sino en los propios uniformes.
