Una operación encubierta de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) en Trujillo logró desbaratar una red de extorsión que operaba desde el penal de Cochamarca, utilizando a civiles como emisarios para el cobro de cupos. El hecho fue denunciado por el empresario trujillano Segundo Víctor Mantilla Rodríguez, gerente de la empresa M&R Contratistas y Servicios Generales SAC, quien había recibido amenazas desde el 11 de octubre.
La víctima relató que los extorsionadores exigían S/100,000 bajo amenazas contra su vida y la de su familia. Desde los teléfonos +51 947 583 502 y +51 970 117 166, recibió no solo mensajes intimidantes sino también videos de su vivienda, revelando un seguimiento previo.
Tras denunciar el caso ante el Ministerio Público, se organizó un operativo de entrega vigilada, con un equipo especializado de la PNP que utilizó un agente encubierto para hacer contacto con los extorsionadores.
El 20 de octubre a la 1:00 p. m., el agente se ubicó en el Grifo Domsa de Florencia de Mora, donde fue abordado por los extorsionadores a bordo de un Hyundai blanco, placa T3J-281. Uno de ellos, identificado como Yonder Darvin Sánchez Armas (35), solicitó la entrega de los S/8,000 pactados. Sin embargo, lo que recibió fue una bolsa simulada con un billete real de S/20 (serie Y4240493B). En el acto, el policía encubierto detuvo al conductor y a su acompañante, Sharon Jhulyssa Chimbor Saenz (36).
Ambos detenidos portaban múltiples celulares con líneas activas de WhatsApp y contactos identificados como presuntos miembros de la red criminal. En uno de los teléfonos se recibió una llamada desde un número del penal de Cochamarca (063750334), que fue respondida por el agente, confirmando el pago falso y obteniendo más datos de la red.
La red detrás del crimen
La información revelada por los detenidos apuntó directamente a Adrián Julio Sisniegas Chiroque, alias “Chichito”, quien cumple condena por extorsión en Cochamarca. Según sus declaraciones, “Chichito” daba órdenes a través de su hermano y otros cómplices externos, y parte del dinero sería enviado vía Yape al número 936 671 719, registrado a nombre de Sandra Katherine Gallardo Bueno, secretaria en un consultorio obstétrico.
Gallardo fue detenida en su domicilio del sector La Verónica – La Esperanza. En su poder se halló el celular usado para recibir depósitos y una tarjeta VISA del BCP vinculada al caso.
Horas más tarde, otro implicado, Fabián Aldair Castillo Aguilar (24), fue capturado tras intentar recoger más dinero en nombre de “Kevin”, hermano de “Chichito”. En su poder se halló una billetera con múltiples tarjetas bancarias y celulares con registros sospechosos.
El caso revela cómo las organizaciones criminales continúan operando desde penales mediante teléfonos celulares y apps como WhatsApp. Durante el operativo se recibieron llamadas desde el penal de Cochamarca, lo cual fue registrado como evidencia. En respaldo legal, se cita la Casación N.º 1856-2023/El Santa, que permite utilizar comunicaciones obtenidas sin orden judicial cuando estas se relacionan con un delito flagrante.
La fiscal Karla M. Montoya Fajardo, de la Fiscalía de Flagrancia de Trujillo, asumió el caso. Los detenidos, quienes han confesado sus roles, enfrentan cargos por extorsión agravada, asociación ilícita para delinquir y uso de tecnología para delinquir desde el sistema penitenciario.
La ley y las penas
El Código Penal Peruano, en su Artículo 200°, establece que la extorsión tiene una pena base de entre 10 y 15 años, y puede alcanzar hasta 25 años si hay agravantes como: Coordinación desde un penal, Participación de varias persona y uso de amenazas con armas o vigilancia a la víctima
Además, la Ley N° 30076, que fortalece la lucha contra el crimen organizado, permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial en caso de flagrancia y delitos graves como extorsión.
Este operativo revela la sofisticación creciente de las redes de extorsión en Trujillo, que ya no actúan con violencia visible, sino a través de presión psicológica, vigilancia, y un sistema logístico de pagos digitales como Yape, con nexos incluso en instituciones privadas.
Este caso demuestra cómo la colaboración entre ciudadanía y fuerzas del orden es clave para enfrentar el crimen organizado. Y, sobre todo, cómo aún hay mucho por hacer para evitar que los penales sigan siendo centros de operaciones criminales.
