TRUJILLO, LA LIBERTAD. La madrugada del sábado 17 de octubre, una explosión interrumpió la tranquilidad de los vecinos de la calle Isaac Albéniz, en la urbanización Primavera de Trujillo. Una carga explosiva colocada en la fachada de una vivienda provocó daños materiales y volvió a sembrar el temor entre sus ocupantes.
El ataque no fue un hecho aislado. Era el tercer episodio de intimidación contra el mismo inmueble en poco más de dos semanas. Los dos primeros intentos habían consistido en la colocación de cartuchos de dinamita que no llegaron a detonar. En uno de ellos, los delincuentes dejaron una carta extorsiva dirigida a una mujer que, según los actuales residentes, dejó de vivir en la casa hace varios años.
La amenaza incluía una exigencia económica de S/100 mil y advertencias contra la vida de sus familiares. Los ocupantes de la vivienda acudieron a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo y formalizaron una denuncia el 4 de octubre. Sin embargo, según sus testimonios recogidos por el medio BuenaPepa, no recibieron información sobre avances de las investigaciones antes de que se produjera la detonación.
El atentado vuelve a colocar bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta preventiva de las autoridades frente a las extorsiones que afectan a la capital liberteña.
La secuencia de ataques comenzó el 1 de octubre de 2026. Ese día, desconocidos dejaron tres cartuchos de dinamita en la fachada de una vivienda ubicada en la calle Isaac Albéniz 405, urbanización Primavera.
Los artefactos no llegaron a explotar, aunque presentaban señales de manipulación y un presunto intento de encendido, de acuerdo con la información difundida. Junto a los explosivos apareció una carta dirigida a una mujer identificada con las iniciales A. M.
Los remitentes exigían el pago de S/100 mil y advertían sobre posibles represalias contra sus familiares si no accedía a la exigencia. “Por el bienestar tuyo, así como estamos llegando, podemos dejar que veles a cualquiera de tus familiares”, señalaba parte de la misiva.
El mensaje estaba firmado por una agrupación que se hacía llamar “Los Extraditables”.
Además de las amenazas, los delincuentes consignaron un número telefónico para que la destinataria estableciera contacto y negociara el pago.
La carta constituye un elemento relevante para la investigación porque contiene una exigencia económica, amenazas explícitas y un posible medio de comunicación con los responsables. No obstante, el uso del nombre “Los Extraditables” no acredita por sí solo que exista una organización criminal formalmente identificada con esa denominación. Corresponde a la Policía establecer quiénes participaron en los ataques y si están vinculados con alguna estructura delictiva conocida.
YA NO VIVE EN LA CASA
Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que la persona a quien estaba dirigida la extorsión no reside actualmente en el inmueble. Los ocupantes señalaron que la mujer vivió allí hace varios años, pero que ya no mantiene residencia en esa dirección. “Esa señora no vive aquí. Hace años vivió en esta casa, pero no vive aquí. No entendemos por qué ocurre todo esto”, declararon al medio BuenaPepa.
La situación ha generado temor e incertidumbre entre los residentes, quienes aseguran desconocer por qué los delincuentes continúan atacando su vivienda. La información disponible tampoco permite establecer si los responsables desconocen que la destinataria cambió de domicilio o si utilizan deliberadamente la dirección antigua para ejercer presión. Ambas posibilidades requieren investigación.
Lo que sí está documentado en los testimonios difundidos es que los actuales ocupantes han sido expuestos reiteradamente a artefactos explosivos pese a que, según afirman, no son los destinatarios de la exigencia económica. Esta circunstancia incrementa la preocupación por la seguridad de las familias que viven en el sector.
Tres días después del primer ataque, el domingo 4 de octubre, los afectados acudieron al complejo policial San Andrés, donde funciona la División de Investigación Criminal de Trujillo. Allí denunciaron la colocación de los cartuchos de dinamita y las amenazas contenidas en la carta extorsiva.
Para ese momento, los investigadores ya tenían conocimiento de un presunto delito de extorsión acompañado de una amenaza concreta contra la vida y la integridad de personas. La denuncia permitía conocer el inmueble amenazado, la modalidad de intimidación, el monto exigido y el número telefónico proporcionado por los delincuentes. Sin embargo, los residentes sostienen que el área de Extorsiones no se comunicó posteriormente con ellos para informarles sobre las diligencias realizadas. La reiteración de los ataques plantea interrogantes sobre la evaluación del riesgo y las medidas de protección adoptadas. La Policía no dispuso vigilancia preventiva, ni efectuó análisis del número telefónico, tampoco recogió evidencias de los explosivos o solicitó imágenes de cámaras de seguridad inmediatamente después de la denuncia.
SEGUNDA ADVERTENCIA
Después de la primera denuncia, los delincuentes regresaron al inmueble. En una segunda incursión dejaron cinco cartuchos de dinamita en los exteriores de la vivienda.
Los artefactos tampoco llegaron a detonar, pero su colocación representó una nueva advertencia para la familia. La reiteración de los hechos revela una escalada en la intimidación: de tres cartuchos de dinamita acompañados por una carta extorsiva se pasó a una segunda colocación de explosivos y, finalmente, a una detonación efectiva.
La madrugada del sábado 17 de octubre se produjo el tercer ataque. Un individuo habría llegado caminando hasta la vivienda, colocado un artefacto explosivo en la fachada y abandonado el lugar antes de la detonación.
La explosión ocasionó daños en la estructura exterior de la casa. Entre las afectaciones reportadas figuran la rotura de vidrios, daños en el enrejado de una ventana y grietas en parte de la fachada. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.
La detonación confirmó que las amenazas anteriores no eran únicamente mensajes intimidatorios: los responsables estaban dispuestos a emplear explosivos contra la vivienda. Para los afectados, el ataque representó la materialización del riesgo que habían denunciado casi dos semanas antes. “La Policía recién interviene cuando detonan explosivos”, lamentaron.
El temor también se ha extendido a los vecinos de la urbanización Primavera. Uno de ellos, que solicitó mantener su identidad en reserva, cuestionó la respuesta de las autoridades frente a los episodios previos. “Lo único que queremos es tranquilidad. Este atentado afecta a todos los que vivimos en esta zona. No puede ser que la Policía recién intervenga cuando detonan explosivos y no antes. Por aquí viven varios niños”, manifestó.
¿Qué hizo la Divincri durante los trece días posteriores a la denuncia? La principal interrogante que deja el caso se concentra en el periodo comprendido entre el 4 y el 17 de octubre. Durante esos trece días, la Policía tenía conocimiento de una amenaza extorsiva contra un inmueble identificado y de la colocación previa de cartuchos de dinamita. A pesar de ello, se produjo un nuevo intento de intimidación y posteriormente una explosión. La pregunta central es qué medidas se adoptaron para identificar a los responsables y reducir el riesgo sobre la vivienda.
Según fuentes de la Región Policial La Libertad consultadas por BuenaPepa, hasta después del atentado no se había logrado identificar a los autores materiales. Las mismas fuentes señalaron que se estaban analizando imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir las rutas de llegada y huida del responsable de colocar el explosivo. “Se están analizando las cámaras de seguridad para ubicar la ruta de llegada y también de huida”, explicaron.
