Los asegurados de la red de Red Asistencial La Libertad de EsSalud vienen enfrentando, desde hace varios años, una doble realidad: por un lado, hospitales públicos que declaran contar con equipos de punta en diagnóstico por imágenes; por otro, pacientes que lamentan que esos equipos estén fuera de servicio, malogrados o con tiempos de espera insoportables. El contraste plantea una pregunta incómoda: ¿por qué se favorece tanto a la atención privada cuando el sistema público tiene infraestructura declarada?
En el caso del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, por ejemplo, una publicación oficial de EsSalud señalaba que ese hospital “está a la vanguardia en diagnóstico por imágenes” con un tomógrafo multicorte 3D de 64 cortes y con exámenes de rayos X de alta precisión. Sin embargo, testimonios de pacientes aseguran que han pasado semanas o meses esperando una tomografía o una resonancia, o se les deriva a clínicas privadas en Trujillo con costos adicionales.
Asimismo, en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de EsSalud en Trujillo la oficina de la Defensoría del Pueblo evidencia deficiencias graves en infraestructura, falta de ambulancias, pasillos atestados, sillas de ruedas deterioradas, falta de personal asistencial. Si esta red de atención que declara tener “alta complejidad” no está resolviendo adecuadamente, el riesgo es que se genere una fuga de pacientes al sector privado —y que, por tanto, “la urgencia” del gobierno pase por fomentar clínicas privadas que pertenecen, según denuncias anónimas, a médicos, exfuncionarios o personas ligadas a la política.
Fallas en equipos de imagen
Varias fuentes entrevistadas de manera anónima relatan que, por ejemplo, en el Hospital Lazarte el tomógrafo anunciado funciona a “medias” o sufre constantes paralizaciones por mantenimiento que se prolonga semanas. Una paciente asegura haber recibido un turno para una resonancia tras varias semanas, pero le indicaron que debía acudir a un laboratorio privado porque “no había programación” en el hospital público.
Otra fuente, técnico del área de imágenes, comenta que los ecógrafos del servicio de gineco-obstetricia tienen más de diez años de uso, con repuestos difíciles de conseguir, y que los rayos X al menos una vez al mes se detienen por falta de atención técnica o piezas importadas.
Estas situaciones no son aisladas. La Defensoría advierte que en el hospital de Alta Complejidad se ha verificado la falta de personal y que la atención de urgencias es “insuficiente” frente al volumen. Cuando la infraestructura y los equipos públicos fallan, la lógica indica que los pacientes buscarán opciones privadas. Y es ahí donde surgen los señalamientos de favoritismo: laboratorios privados, clínicas de diagnóstico por imágenes, centros de resonancia y tomografía que han crecido vertiginosamente en Trujillo, muchas veces vinculados a médicos o exfuncionarios que de algún modo están conectados con la red de servicios de salud.
¿Empresas privadas vinculadas a funcionarios o médicos?
Aunque no existen, por el momento, informes públicos que confirmen masivamente este tipo de vínculos en Trujillo, pacientes aseguran que en al menos tres casos preguntaron por qué sus citas en el hospital se aplazaban para incentivar que acudan a un laboratorio privado “sugerido” por el médico tratante. En una de esas clínicas privadas más conocidas en Trujillo, se comenta que entre sus directivos figuran médicos con contratos como especialistas en EsSalud o convenios con entidades públicas. Estos indicios exigen una verificación formal con registros de participación societaria, contratos de servicios o licencias.
La institución EsSalud ha reconocido, por otro lado, que ha denunciado penalmente a ex funcionarios por favorecer a empresas prestadoras de salud con contratos cuestionables. Este antecedente nacional abre la puerta a pensar que, en el ámbito regional, las fallas técnicas podrían combinarse con intereses empresariales privados que lucran con la debilidad del sector público.
Impacto en el paciente y en el sistema
Cuando un tomógrafo, una resonancia o un ecógrafo no funcionan –o el turno se pospone por semanas–, el paciente sufre doble daño: prolongación del diagnóstico, aumento de incertidumbre, posible progresión de la enfermedad, y en algunos casos el gasto extra al acudir al sector privado. Desde la óptica del sistema, el público pierde eficiencia, las listas de espera crecen, la confianza se erosiona y la eventual derivación a privados vulnera el principio de gratuidad o cobertura universal.
Una paciente relató que en el Hospital Lazarte le indicaron esperar tres semanas para un tomógrafo, pero un laboratorio privado le ofreció el mismo examen “en 48 horas” a través de una orden médica que señalaba “derivación por equipo público en mantenimiento”. Esta lógica genera un flujo económico hacia industrias privadas que abastecen a la urgencia, el diagnóstico y la imagenología.
¿Por qué no se reemplazan o reparan los equipos
Fuentes de la administración pública regional aseguran que las limitaciones presupuestales, la lenta gestión de compras y la dependencia de insumos importados complican la renovación y el mantenimiento. Sin embargo, esta explicación técnica choca con la inversión declarada en modernización: por ejemplo, para el Hospital Lazarte se informó que se contaba con equipos modernos de diagnóstico por imágenes. La diferencia entre la expectativa informática/presupuestaria y la realidad operativa es lo que abre la puerta al cuestionamiento ético: si el equipo existe, ¿por qué no funciona? ¿Quién decide dejarlo fuera de servicio? ¿Por qué no se adquieren los repuestos? ¿Qué relación tienen estas decisiones con la derivación hacia privados?
La Defensoría del Pueblo instó a EsSalud La Libertad a atender con urgencia las deficiencias detectadas en el Hospital de Alta Complejidad de Trujillo. Esa recomendación incluye revisar la infraestructura, el equipamiento y los servicios básicos, pero también exige transparencia en contratos, mantenimiento, compras de repuestos y posibles derivaciones al sector privado.
Para avanzar con responsabilidad, los mecanismos de acceso a la información (transparencia pública) tienen que activarse. EsSalud cuenta con una Oficina de Integridad que recibe denuncias de actos de corrupción. Pero los pacientes, técnicos y especialistas consultados coinciden en que los tiempos de respuesta son lentos, y los resultados pocas veces visibles en el mediano plazo.
Cuando el sistema público de salud dice “alta complejidad” y “equipamiento vanguardista” pero la experiencia del paciente es distinta, la credibilidad se deteriora. Esto no es solo un problema técnico o de gestión; es un tema de equidad, de acceso, de derecho a la salud. Quienes menos posibilidades tienen pueden quedar atrapados en una espera prolongada o forzados a acudir al sector privado, lo que reproduce desigualdades.
