Fernández acusa a jueces liberteños de parcializados y pide que casos sean llevados en Lima

Arturo Fernández Bazán, el suspendido alcalde de Trujillo, sacude una vez más el sistema de justicia con una solicitud para transferir todos sus procesos judiciales a la Corte Superior de Justicia de Lima.

Esta petición, a solo un día de su próxima audiencia, podría paralizar sus juicios durante meses, incluso hasta seis, debido a los trámites burocráticos y la carga procesal de la Corte Suprema, que ahora tiene la responsabilidad de evaluar la solicitud.

Fernández Bazán enfrenta múltiples procesos, incluido uno por difamación contra el arqueólogo Ricardo Morales Gamarra. Sin embargo, su solicitud de transferencia se fundamenta en alegaciones de parcialidad por parte de los jueces y del presidente de la Corte Superior de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, basado en los artículos 39°, 40° y 41° del Código Procesal Penal (CPP).

Esta solicitud, de acuerdo al CPP debe ser elevado a la instancia superior, es decir a la Corte Suprema, que evaluará el petitorio y responderá en un mínimo de seis meses o más dependiendo de su enorme carga procesal.

El sentenciado por difamación argumenta que esta parcialidad vulnera su derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, insistiendo en que los jueces de La Libertad no pueden garantizar un juicio justo.

El trasfondo de esta solicitud incluye una complicada red de relaciones políticas y acusaciones mutuas de difamación. Fernández acusa a Burgos Mariños de venganza, citando como ejemplo un fallo judicial controvertido relacionado con Azul Rojas, un ciudadano trans que fue agredido sexualmente.

Según Fernández, el tratamiento de este caso por parte de Burgos Mariños evidenció prejuicios contra la comunidad LGTB, lo que para él refleja la falta de imparcialidad del presidente de la corte.

Además, Fernández señala que, a pesar de enfrentar una demanda por diez millones de soles, Burgos Mariños continúa siendo recibido favorablemente por autoridades locales, lo que a su juicio compromete la independencia judicial en La Libertad. Si la Corte Suprema acepta su petición, podría sentar un precedente significativo sobre la influencia de las dinámicas políticas locales en el sistema de justicia peruano.

Este pedido incluye el proceso por difamación seguido por el arqueólogo Ricardo Morales Gamarra y todos los demás procesos instaurados en su contra, porque considera que han sido objeto de vulneración de la imparcialidad y haber sido mediatizados en acción promovida por el propio Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, quien es a su vez el superior de todos los jueces liberteños y quien también ha denunciado por difamación agravada a Arturo Fernández.

Fernández, quien a lo largo de los años se ha dedicado a lanzar acusaciones sin fundamento, señala también que la denuncia de Burgos Mariños en su contra ha incluido como tercero civilmente responsable a la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien tendría que pagar parte de los 10 millones que demanda el actual presidente de la CSJLL, suma que Fernández Bazán considera descabellada, recordando que esta demanda es una venganza de Burgos Mariños por haberlo criticado por el polémico fallo que dio el juez no haciendo justicia a Azul Rojas, un ciudadano trans que fue violado en la comisaría de Casa Grande, caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino, ordenando al Estado peruano a indemnizar a la víctima de la agresión sexual.

Asimismo, el llamado “Loco de Moche” detalló que hay antecedentes similares en los cuales la Corte Suprema aceptó que hay subordinación de los jueces locales al Presidente de una corte superior, dando la razón al demandante y transfiriendo las competencias a otro distrito judicial. Alega también que a pesar que Burgos Mariños ha enjuiciado a la Municipalidad de Trujillo por diez millones, es recibido por el actual alcalde Mario Reyna quien lo ha congratulado públicamente, evidenciando que no existen garantías de imparcialidad e independencia en la corte liberteña.

Otro punto que alega el demandante es que la jueza Liana Faviola Argumedo Pérez, del 4° Juzgado Penal Unipersonal, emitió resoluciones sin ser competente y saltándose varias normas; también denuncia a la Jueza Ingrid Renee Pajares Acosta, a quien acusa de amenazar con excluir del proceso a su abogado defensor, simplemente por presentar diversos alegatos, y prohibiéndole que vuelva a presentarlos. En el escrito Fernández Bazán adjunta videos, entrevistas, recortes periodísticos, y solicita finalmente que se eleve el caso a la Corte Suprema para que resuelva y se forme también el incidente (cuadernillo), informándose a todos los demás sujetos procesales. Ante esto, el regreso de Arturo Fernández Bazán es inminente e inexorable una vez que se cumpla el 10 de junio próximo el año de suspensión que se le impuso.

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Causa Justa

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