En una movida que marca un claro conflicto entre ramas del gobierno, el Ministerio Público ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de una serie de decretos legislativos que, según alega, infringen sus funciones constitucionales y amenazan. el estado de derecho en el Perú.
Los decretos en cuestión, números 1592, 1604, 1605, y 1611, emitidos por el Poder Ejecutivo, expanden significativamente las facultades de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación del delito, desde la fase inicial de las investigaciones hasta operaciones específicas en puertos y aeropuertos, así como en casos de extorsión y delitos conexos.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, señaló que la demanda se basa en un «análisis riguroso» llevado a cabo por una comisión de expertos dirigida por el fiscal supremo Alcides Mario Chinchay Castillo. Esta comisión concluyó que los decretos no solo usurpan funciones propias del Ministerio Público, sino que también intentan imponer una reorganización forzada de esta entidad, lo cual podría tener implicaciones negativas para la democracia y la legalidad en el país.
Los decretos impugnados son: Decreto Legislativo 1592: Se centra en el tráfico ilícito de drogas, otorgando a la PNP responsabilidades extendidas en la prevención, investigación y combate de este delito.
Decreto Legislativo 1604: Permite a la PNP asumir la investigación de delitos desde el momento en que toma conocimiento de ellos, una función generalmente reservada al Ministerio Público.
Decreto Legislativo 1605: Modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal para permitir que la PNP realice diligencias preliminares de investigación de manera independiente.
Decreto Legislativo 1611: Enfocado en la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos relacionados, delineando las responsabilidades compartidas entre la PNP y el Ministerio Público en estas materias.
