La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de La Libertad ha puesto en la mira a la III Macro Región Policial de La Libertad por los convenios que existe con cuatro grandes mineras y otras de menor rango en la sierra liberteña para que agentes en actividad, en sus días de franco, viajen hasta esos lugares para prestar servicio en las instalaciones de estas compañías usando el uniforme policial, acto que convierte a la institución policial como una especia de service de seguridad, además que habría cobros de cupos a los mismos para que sean seleccionados para que presten este servicio.
Ayer, en horas de la mañana, el fiscal adjunto provincial especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, Wilder Omar Delgado Flores, llevó a cabo un operativo inopinado en las instalaciones de la III Macro Región Policial, ubicadas en el jirón Almagro. El propósito de esta acción fue verificar la existencia de convenios entre empresas mineras y la policía para el transporte de material explosivo en la región de La Libertad.
La necesidad de este operativo surge a raíz de una denuncia pública realizada por personal policial que alega irregularidades en la asignación de efectivos para cubrir servicios de convenio, los cuales involucran la protección y transporte de material explosivo en zonas mineras de la región.
Según la información proporcionada por la fiscalía, en el pasado, la asignación de efectivos policiales para estos servicios de convenio se realizaba mediante sorteos. Sin embargo, la denuncia señala que recientemente se estarían cobrando sumas de dinero a los propios policías para asignarles dichos servicios de custodia en las minas. Al respecto existen audios que ya están en poder de Causa Justa y que pronto saldrán a la luz.
Este tipo de prácticas podría ser perjudicial, ya que podría dar lugar a la asignación de servicios de convenio basada en consideraciones financieras en lugar de criterios justos y equitativos. El fiscal está investigando estas acusaciones para determinar si existen prácticas corruptas o irregularidades en la asignación de personal policial para estos servicios.
