La Fiscalía de Trujillo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no solo por su actual investigación sobre el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, que dejó seis muertos y más de 80 heridos, sino porque en 2017 ya había favorecido a esta misma empresa en un caso de brutal agresión contra un joven empresario, en el que la justicia se negó a incluir a los altos directivos del grupo Intercorp, propietario del centro comercial. A
El caso ocurrió en abril de 2017, cuando el trujillano Óscar Ricardo Pinillos Vinces sufrió una golpiza a manos de un vigilante de seguridad del Real Plaza, en circunstancias que hasta el día de hoy generan indignación.
Todo comenzó cuando Pinillos Vinces acudió con amigos a la discoteca AMA, ubicada dentro del Real Plaza de Trujillo. Alrededor de las 4:30 a.m. del sábado 29 de abril, al retirarse del local, se encontraba en un estado de somnolencia y fue asistido por personal de seguridad del centro comercial, quienes lo acompañaron en silla de ruedas hasta la salida vehicular por la Prolongación Fátima.
En ese momento, Oscar Junior Castañeda Díaz, miembro del personal de seguridad del Real Plaza, se dirigió al joven empresario y, sin provocación alguna, le pisó el pie para evitar que reaccionara y luego le propinó un golpe violento.
El impacto provocó que Pinillos Vinces se desplomara de inmediato, sufriendo fractura de tobillo, fractura de la base craneal, edema cerebral y un hematoma interno en el cráneo. El ataque fue tan grave que lo dejó en estado de coma.
Lo más grave es que, según testigos, el personal de seguridad del centro comercial no solo no auxilió a la víctima, sino que incluso impidió que se le brindara ayuda rápidamente. Finalmente, fueron transeúntes quienes lo trasladaron de emergencia a la Clínica SANNA, donde fue ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El caso llegó al Ministerio Público, específicamente a la Tercera Fiscalía Provincial de Trujillo, a cargo del fiscal Jorge López Rodríguez, que se negó a incluir al dueño del Real Plaza, Carlos Rodríguez Pastor, en la investigación y a los directivos del Real Plaza.
El abogado del agraviado, Jean Paul Silva, solicitó que se responsabilizara a los altos directivos del Real Plaza, argumentando que, al ser el centro comercial quien contrata y supervisa la seguridad de sus instalaciones, debía garantizar la integridad de sus visitantes.
Sin embargo, la fiscalía aceptó la defensa presentada por la abogada de Real Plaza, Rommy Chang, quien presentó un contrato de seguridad en el que el centro comercial deslindaba toda responsabilidad en su personal de vigilancia.
El argumento legal fue que la empresa de seguridad contratada debía asumir la responsabilidad de los excesos cometidos por sus empleados, lo cual, según expertos, resulta inconsistente, ya que Real Plaza se publicita como un espacio seguro y con protocolos de protección para sus visitantes.
A pesar de las pruebas y del pedido del abogado de la víctima, la Fiscalía solo incluyó en la acusación al vigilante agresor y a la empresa de seguridad, dejando fuera a los directivos y al grupo Intercorp.
La estrategia legal de Real Plaza en este caso de lesiones graves es similar a la utilizada en la reciente tragedia del 21 de febrero, donde la empresa ha señalado que la responsabilidad recae sobre la constructora encargada de la infraestructura del mall.
Así como en 2017 deslindaron responsabilidad en la empresa de seguridad, en 2025 intentan hacer lo mismo con la caída del techo, argumentando que fue un problema estructural y que la responsabilidad recae en los constructores.
Este patrón de impunidad, en el que Real Plaza evita asumir la responsabilidad directa de lo que ocurre dentro de sus instalaciones, ha generado serias dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía de Trujillo, que parece favorecer a una de las corporaciones más grandes del país.
El abogado de Pinillos Vinces denunció que el Real Plaza no cuenta con personal capacitado para prestar auxilio inmediato en emergencias, ni con ambulancias, pese a que en su publicidad se promociona como un espacio seguro.
En ese sentido, advirtió que se trata de publicidad engañosa, ya que la empresa induce al error a sus clientes al ofrecer servicios que en la práctica no cumple. En el caso de Óscar Pinillos Vinces le dieron pena suspendida al vigilante, con un pago de 20 mil soles por reparación civil. Real Plaza nunca pagó clínica ni gastos médicos.
