A pesar de la ausencia de un comunicado oficial, fuentes internas del Ministerio Público aseguran que la liberación del mayor PNP Juan Manuel Linares Gonzales, jefe de la comisaría Nicolás Alcázar (El Porvenir), detenido por pedir dádivas a un suboficial PNPP que estaba bajo su mando, se ajusta a ley y no hubo ningún tipo de favorecimiento al ser el oficial familiar muy cercano de un integrante de la fiscalía.
El oficial, vinculado familiarmente a un miembro del Ministerio Público, fue detenido recientemente por presuntamente solicitar una coima a un suboficial de la Policía Nacional bajo su mando.
Según las fuentes, la acusación contra el oficial era por el delito de concusión, que se castiga con penas de 2 a 8 años de prisión, según el Código Penal. Sin embargo, argumentan que, debido a la cuantía de la pena, legalmente no procedía solicitar la prisión preventiva. En cambio, se optó por un proceso inmediato, ya que el oficial fue detenido en flagrancia delictiva, buscando una condena rápida.
El resultado fue una condena a pena no efectiva, con una inhabilitación de 4 años y 2 meses en el cargo. Las fuentes del Ministerio Público subrayaron que este paso permitió sacar del sistema policial y judicial a un elemento problemático. Además, indicaron que ahora corresponde que la institución del oficial inicie un proceso disciplinario (Inspectoría) y lo destituya definitivamente, ya que la condena por un delito doloso es causal de destitución.
Las fuentes explicaron que recientes modificaciones al Código Penal permiten penas suspendidas como parte de la política estatal para reducir la sobrepoblación carcelaria. Argumentan que se actuó conforme a la ley, considerando también la decisión del propio acusado de someterse a una terminación anticipada de proceso (reconoce su delito), lo que, según la ley, reduce la pena hasta una sexta parte. “Está inhabilitado por 4 años y 02 meses, ahora corresponde que en su institución ( Inspectoría) le sigan su proceso disciplinario y destituyan definitivamente , ya que es causal de destitución que un funcionario público sea condenado por un delito doloso, como ha ocurrido en este caso”, explicaron.
La decisión judicial dictaminó una pena de 2 años y 6 meses de prisión suspendida, junto con 4 años y 2 meses de inhabilitación en el cargo. Una medida que ha generado cuestionamientos en la opinión pública sobre la equidad en el sistema judicial, especialmente considerando la gravedad de los cargos.
La relación familiar del mayor Linares Gonzales con un miembro del Ministerio Público ha generado especulaciones sobre si esta conexión influyó en la decisión judicial y fiscal.
