La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo inició una investigación preliminar contra altos funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad y docentes del Instituto Superior Tecnológico Público «Ciro Alegría Bazán», ubicado en Chepén. La denuncia, presentada por el servidor público Javier Arturo Carrión Ojeda, señala presuntas irregularidades relacionadas con los delitos de abuso de autoridad y designaciones ilegales, contemplados en los artículos 376° y 381° del Código Penal.
Entre los principales acusados figuran: Julio Martín Camacho Paz, gerente regional de Educación, señalado por emitir resoluciones que habrían permitido asignar cargos académicos a docentes contratados sin cumplir los requisitos legales.
Alejandro Alberto Llalle Terán, especialista de Educación Superior, acusado de facilitar estas designaciones irregulares; Carmen Felícita Suárez Malca de Véliz, directora general (e) del Instituto, quien habría liderado el proceso mediante la formación de un comité de evaluación cuestionado por su ilegalidad.
También se acusa a los docentes contratados: María Rosa Piscoya Inchaustegui, Rayza Rosmery Paucar Ortiz, Yuri Alejandro Cruz Espinoza, Arturo Licham Abanto y Luis Alberto Paz Lazo, de aceptar cargos de gestión pedagógica para los cuales no cumplían los requisitos legales. Esto habría perjudicado los derechos de los docentes nombrados, quienes sí estaban habilitados para ocupar dichos puestos.
La denuncia presentada por Javier Carrión sostiene que las designaciones se realizaron bajo el argumento de “invitación”, un mecanismo que, según el denunciante, vulnera la normativa establecida en la Ley 30512 y su reglamento. Dicha normativa exige que los cargos de gestión académica sean ocupados mediante procesos de concurso público, priorizando a los docentes nombrados de la carrera pública.
Carrión señala que este procedimiento excluyó deliberadamente a los profesionales con el perfil adecuado, generando un perjuicio tanto para ellos como para el sistema educativo. Además, las designaciones presuntamente irregulares habrían favorecido a docentes contratados sin acreditar los requisitos exigidos por ley, en detrimento de la meritocracia.
El denunciante presentó pruebas documentales, como: resoluciones gerenciales, comunicados oficiales, expedientes administrativos, que respaldan sus acusaciones. Asimismo, solicitó a la Fiscalía que tome declaraciones a los implicados y recopile documentos clave para sustentar las irregularidades denunciadas.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad educativa de la región La Libertad, ya que podría afectar la transparencia y legalidad en los procesos de selección de cargos de gestión pedagógica. Las presuntas irregularidades no solo dañan los derechos de los docentes nombrados, sino que también cuestionan la integridad del sistema educativo regional.
La Fiscalía ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales. Los acusados serán llamados a declarar y se analizarán las pruebas presentadas. Además, se investigará si existió un perjuicio económico o administrativo como resultado de estas acciones.